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España

El Gobierno reprueba a las feministas díscolas del PSOE que quieren detener la 'ley trans'

María Jesús Montero, ministra de Hacienda

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este martes que el derecho de autodeterminación del género que reconocerá previsiblemente la 'ley trans' es “compatible” con la agenda feminista, después de que varias mujeres vinculadas al PSOE se hayan opuesto a reconocer que existe un sexo o un género sentidos.

“Ninguna lucha tiene que ser en detrimento de la otra”, aseguró Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. A su juicio, la 'ley trans' pretende “que se reconozca la lucha” de este colectivo y supone un “avance en derechos” de forma “más garantista”, ya que “a determinadas personas se les ha negado una igualdad de oportunidades”.

Una ley polémica

Esta ley ha levantado espinas en algunos sectores del feminismo. De hecho, varias mujeres del PSOE enviaron hace unos días una carta al Ministerio de Igualdad en la que se oponen a que se reconozca la autodeterminación del género, algo que permitiría a las personas trans a ser reconocidas en el Registro con el sexo con el que se identifican.

El escrito, apoyado por históricas socialistas como Amelia Valcárcel o Ángeles Álvarez, señalaba que "la expresión género sentido o sexo sentido aluden a algo subjetivo, inverificable en sus consecuencias jurídicas, más allá del sentimiento interno".

Y es que consideran que “para el feminismo, el género ha sido siempre esa construcción jerárquica de los estereotipos sexuales que ha fundamentado la desigualdad y la opresión de las mujeres”.

Por el momento, las personas trans necesitan -salvo en algunas comunidades autónomas- un certificado médico que constate que tienen “disforia de género” para que, así, se les reconozca su género sentido, lo que para los colectivos trans supone un “patologización”.

El Parlamento Europeo ya instó en 2019 a los gobiernos a incluir en sus legislaciones el derecho de la autodeterminación de género, de forma que no se requiera ninguna autoridad médica o legal para ver reconocida la propia identidad. En España, esto sólo se ha conseguido en algunas comunidades como Madrid, Andalucía o Comunidad Valenciana, entre otras.

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