A Pedro Sánchez se le está empezando a atragantar la ley de amnistía. La Comisión Europea presiona y marca al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños -autor intelectual de la medida de gracia-. El choque de este viernes con Bruselas preocupa en algunos sectores del PSOE, según las fuentes consultadas por este diario: "Se percibe cierto nerviosismo. Los sucesivos intercambios del ministro Bolaños con las autoridades europeas dan cuenta de ello", sintetiza una fuente con solera en Ferraz. Moncloa intenta diluir sin éxito la medida de gracia.
El análisis que hacen algunos dirigentes en el partido es que Sánchez ha sido incapaz de desviar la amnistía de la conversación pública una semana después de que constituyera su nuevo Ejecutivo de coalición. La medida de gracia le sigue lastrando allá donde va. Es más, le ha impedido arrancar la XV Legislatura con un anuncio potente rumbo a las Cortes y al BOE. "Y las pataletas de Junts en busca de atención no ayudan nada", explica una socialista que tuvo responsabilidades de Gobierno.
En el PSOE perciben la reunión de este sábado en Ginebra (Suiza) con Junts y el mediador internacional -del que aún no ha trascendido su identidad- como un aperitivo de lo que está por venir: inestabilidad y ruido. Sánchez, consciente del coste que está teniendo para su partido, intenta reengancharse al espíritu que le invadió en campaña. El presidente intentó hacer pedagogía este jueves en TVE, en la primera entrevista desde que ha revalidado el Gobierno. Pero no salió bien parado.
Amnistía por necesidad, no por convicción
Sánchez reconoce que la amnistía no nace de su convicción, sino de su necesidad. Él mismo espetó que no es el siguiente paso que hubiera dado en su política para Cataluña. Y cuando lo justificó en aras de la convivencia, en realidad está diciendo que contenta y cumple con las exigencias de los socios independentistas de los que depende para permanecer en el poder. No hay mucho más. Esa es la realidad. Con lo que no contaban en Ferraz era con la ferocidad de Bruselas, porque el presidente ha contado estos años con un halo en las instituciones comunitarias que se está empezando a apagar.
Solo así se entiende que su superministro Bolaños corriera a Bruselas a explicar a la vicepresidenta de la Comisión, Věra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, la norma registrada en el Congreso y que ya se ha colado de lleno en el frente europeo. El ministro español aseguró, tras un intenso día de reuniones, que la Comisión Europea tenía "cero preocupación sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho en España". Sin embargo, fue desmentido poco después por el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand: "El comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantea preocupaciones".
Lo que está claro es que Bruselas es ahora el marco de confrontación política en España; algo que gusta muy poco a los dirigentes comunitarios, cansados de que los debates internos de los Estados miembros empozoñen las instituciones europeas. En plata: a Bruselas le importa poco la lucha partidista de cada país. Pero sí la calidad del Estado de Derecho en España, uno de los pilares sobre los que se levanta la Unión Europea.
Desde que el PSOE comenzó a negociar el redactado de la ley, la Comisión Europea se empeñó en que la Moncloa supiera las líneas rojas, como amnistiar delitos relacionados con corrupción que afecten al presupuesto comunitario o mencionar el lawfare, uno de los aspectos que más vigila Bruselas tras las quejas generalizadas de las principales asociaciones judiciales. Bolaños remitió la ley a Bruselas el pasado 14 de noviembre junto a dos cartas en las que pidió personalmente las reuniones de este viernes “para poder exponer la posición del Gobierno de España". Y lo hizo tras la carta de advertencia de Reynders y después de que el comisario español más relevante de la Unión, Josep Borrell, que además es socialista, expresase en público "bastante preocupación por estos acuerdos".
La cita secreta
Mientras, los socialistas se disponen a escuchar en Ginebra a Carles Puigdemont pedir una consulta sobre la secesión de Cataluña y la fecha para la misma. Y lo hará ante un mediador internacional. Los socialistas mantendrán este sábado la primera reunión con Junts tras la reelección de Pedro Sánchez. La cita, comprometida "en noviembre" en el acuerdo de investidura, servirá para que el expresidente catalán y su séquito (Jordi Turull y Miriam Nogueras) propongan "la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución". Por parte de Ferraz estarán el número tres, Santos Cerdán, y según medios catalanes el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El PSOE, que no acepta esa consulta, "defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatuto de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña". El plan de Sánchez, según explican dirigentes socialistas, pasa por ofrecer a los independentistas el altavoz del Congreso de los Diputados para que defiendan la consulta; algo similar a lo que ocurrió con el 'plan Ibarretxe'.
En el PSOE ven a un presidente catalán en el mismo escenario que Juan José Ibarretxe en 2005. Y, además, con el compromiso de votar un acuerdo que permita salvar la cara tanto a Sánchez como al independentismo. De todo ello darán cuenta los mediadores, que Moncloa gusta llamar "acompañantes". Según explicó en una entrevista en ElNacional.cat la presidenta de Junts, Laura Borràs, en los encuentros intervendrán diferentes mediadores. Borràs habló de cuatro, pero especificó que uno actuará como coordinador y como portavoz y será el único del que se conocerá la identidad. Aunque por el momento tanto Ferraz como Junts han pactado mantenerlo en secreto.
