España

La 'Ley Celaá' condena la educación especial a la extinción: "Aumentará el acoso escolar"

Las familias con hijos con discapacidades psíquicas y físicas creen que la reforma de Celaá para incorporar a la escuela ordinaria las necesidades especiales de estos alumnos tendrá el efecto opuesto al esperado

Clase de educación especial
Clase de educación especial Fundación Envera

La Comisión de Educación en el Congreso aprobó el primer trámite de la Ley de Educación, conocida como ley Celaá, y una de las disposiciones adicionales, relativa a incrementar los recursos de los centros ordinarios paulatinamente para que las familias con hijos con discapacidades puedan integrarse en estas escuelas, ha suscitado el rechazo de las asociaciones de familias que llevan a sus hijos a centros especializados.

Estas entidades consideran que el proyecto de ley suprime, de facto, este tipo de educación al vaciarla de recursos y de financiación. Desde el Ministerio de Educación, en cambio, señalan a instancias de este medio que los centros de educación especial “se mantendrán para dar servicio a los estudiantes que requieran atención muy especializada y que serán centros de referencia para apoyar con sus experiencias a los centros de integración”.

Aluden, además, a las condenas del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) contra España por no emprender reformas legislativas que faciliten el acceso de niños con discapacidades en la escuela ordinaria

Pero desde las entidades, que recabaron más de 300.000 firmas para que se retirara esta reforma que les afecta directamente, consideran que causará el efecto opuesto al deseado. Eva Valera, madre de Laura, una niña con el síndrome de Rett (la segunda causa más común de discapacidad psíquica en niñas después del síndrome de Down) lleva a su hija a una escuela especial pública en Aluche, pero teme que la modificación legislativa le "obligará a ir a la privada".

"No van a cerrar la especial, pero la van a vaciar de recursos"

Respecto al compromiso de Celaá de no cerrar, afirma: "Es verdad. No van a cerrar la especial, pero la van a vaciar de recursos. Cuando un centro de educación especial se convierte en referencia significa que obligan a mandar el fisioterapeuta a distintos centros. Estos profesionales tienen que pasar toda la mañana de un sitio para otro”, explica entre otros muchos ejemplos de la complejidad de la situación. Su hija, como tantos otros alumnos con enfermedades neurológicas, requiere de fisioterapia de forma continuada. Y cree que aunque no le afecte a ella directamente el menor ratio de alumnos en escuelas especiales afectará a otros niños con distintos grados de autismo: “Son niños que han tenido experiencias malísimas en la escuela ordinaria y que ahora que habían conseguido estar tranquilos sin que nadie les acose… El Gobierno, obligatoriamente y sin contar con la opinión de los padres dice que deberán ir a la ordinaria”.

Esta madre catalana, de 36 años, tiene tres hijos: Laura, Álex y Nico. La enfermedad de su única hija fue detectada cuando la niña tenía siete meses y empezó un proceso de regresión. Se trata de una enfermedad rara de origen genético que no se detecta en las pruebas regulares de amniocentesis. Tampoco se detecta en los primeros meses de vida, donde el bebé experimenta una evolución regular hasta que, entre los siete meses y dos años de vida, empieza a mostrar síntomas de la enfermedad.

El marido de Eva junto a su hija Laura y su hijo Álex
El marido de Eva junto a su hija Laura y su hijo Álex VP

Acoso escolar

El director general de la Fundación Envera, Enrique Grande, destinada a cuidar a personas con discapacidad desde su nacimiento hasta su muerte y a la integración laboral de los alumnos con discapacidades, también comparte la preocupación por la posibilidad de que aumente el acoso escolar: “Lo que se va a hacer es que haya más acoso escolar, más exclusión, más desigualdad y añadir más vulnerabilidad a la inmensa dificultad que tienen estos niños y niñas para salir a flote”. Hay unos 37.000 alumnos matriculados en educación especial.

La fundación recibe alumnos mayores de edad procedentes de centros ordinarios que encadenan años de fracaso escolar. “Tenemos un nivel de aprobado del 90% en nuestras escuelas. Sin ningún tipo de ventaja, en igualdad de condiciones, lo que demuestra que hay que tener recursos y disponer de una atención especializada de las que se carece en las mal llamadas escuelas inclusivas”. “Si se les quita de un plumazo que puedan tener sus recursos y un ambiente indicado para ello no podrán cumplir sus objetivos. Lesestamos condenando a que no encuentren empleo”.

Por su parte, Luis Rojo, portavoz de la plataforma Inclusiva sí, Especial también, sostiene que la nueva ley “es una sentencia de muerte a la educación especial”. “Es una situación que implica un tremendo desgaste social por parte de miles de familias y que además se agrava en las familias con hijos e hijas con discapacidad intelectual”.

Transición de 10 años

Las implicaciones políticas de la ley Celaá, con la aprobación de la enmienda de ERC y Unidas Podemos para eliminar el castellano como lengua vehicular en las regiones con lenguas cooficiales, ha eclipsado esta lucha que mantienen muchas familias para no extinguir la educación especial.

El punto más polémico es la Disposición Adicional Cuarta. El Gobierno considera que este tipo de educación segrega a los niños y que en 10 años se debería haber completado el trasvase para habilitar a la escuela ordinaria del equipamiento de apoyo requerido para este tipo de alumnos.

Las familias, sin embargo, advierten de que no es tan sencillo, ya que hay que adaptar también el currículum educativo y recuerdan que con una previsión económica de cero euros será difícil dotar a las escuelas de unos equipamientos especiales, que van desde sillas de estudio adaptadas a cada caso a pasillos más amplios. De momento, afirman, el Ejecutivo no escucha sus demandas y la situación de pandemia ha frenado las protestas que estaban haciendo por todo el territorio. 

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