España

El arquitecto de la ‘Operación Canalejas’ evita la cárcel: no atentó contra el patrimonio

El fiscal pedía dos años y medio para Carlos Lamela y cuatro años de inhabilitación profesional por la destrucción de elementos protegidos de uno de los edificios del complejo del antiguo Banco Español de Crédito. El juez deja abierta la posibilidad de que el asunto llegue al ámbito administrativo

Imagen del entorno de Canalejas
Imagen del entorno de Canalejas EFE

El juzgado de lo Penal número 16 de Madrid ha absuelto al arquitecto Carlos Lamela de las acusaciones de atentado al patrimonio histórico en la reforma de los edificios de la ‘Operación Canalejas’, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

El fiscal de Medio Ambiente había acusado al arquitecto, y a la empresa Centro Canalejas Madrid como responsable subsidiario, de “pérdida y destrucción de gran parte de elementos constructivos, estructurales y espacios incluidos en la declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC) no recuperables sin pérdida de su autenticidad”. Pedía dos años y medio de cárcel para Lamela.El fiscal solicitaba, además, multa de 20 meses con cuota diaria de 50 euros, con responsabilidad personal subsidiaria máxima de 10 meses, inhabilitación especial para la profesión u oficio de arquitecto por cuatro años, así como condena en costas.

Durante el juicio celebrado el pasado mes de septiembre la defensa del acusado, en sus conclusiones provisionales, manifestó su total disconformidad con las acusaciones, solicitando la libre absolución.

Carlos Lamela y de Vargas es el arquitecto del proyecto y de la obra de la ‘Operación Canalejas’ que incluye una importante rehabilitación de los antiguos edificios de calle de Alcalá número 6, 8,10, 12,14 y Pza. Canalejas número 1.

Las obras y la defensa del patrimonio

Este edificio, que había sido adquirido por el Banco Santander, fue vendido posteriormente a OHL que se propone hacer un hotel de lujo con zona comercial en toda la manzana. Las obras están en la actualidad muy avanzadas.

Desde el inicio de la rehabilitación se produjo una polémica pues la Comunidad de Madrid llegó a desclasificar algunas de las protecciones al edificio, lo que provocó protestas de grupos de defensa del patrimonio.

El edificio de la calle Alcalá 14 era Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, así como la fachada, crujías exteriores y patio de operaciones del edificio “La Equitativa”, sede histórica del Banco Español de Crédito, en Madrid. La Comisión Local de Patrimonio Histórico del Municipio de Madrid informó favorablemente el proyecto el 2 de julio de 2014. Por otra parte, el Director General de Control de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid otorgó la licencia de obra, excluyendo expresamente de la demolición interior de dichas edificaciones, la “primera crujía” y el “patio de operaciones” del edificio de calle Alcalá 14, así como la “primera crujía” del de la plaza de Canalejas 1, en cuanto que elementos protegidos.

Durante el juicio el acusado explicó el origen y desarrollo del Estado proyecto del que fue autor y negó que su idea fuera dejar sólo la fachada y eliminar todo lo anterior. Señaló que quisieron adecuarse siempre a la normativa y a la Declaración de Bien de Interés Cultural (DBIC) con reuniones con la Comunidad de Madrid (CAM).

Absuelto del delito contra el patrimonio histórico

El juez, tras escuchar al acusado y los peritos y testigos llegó a la conclusión, tras las pruebas practicadas, que Carlos Lamela debería ser absuelto por no concurrir los elementos típicos del delito contra el patrimonio histórico del art. 321 del Código Penal por el que se acusaba.

“El tipo penal por el que se formulaba acusación requiere –según el juez-, en primer lugar, que las actuaciones irregulares se hayan ejecutado sobre un edificio singularmente protegido por su interés histórico, artístico, cultural o monumental, requisito que en este caso se cumple”.

“Por un lado, -añade- no ha sido controvertido que las actuaciones controvertidas tuvieron lugar sobre dos edificios como tales edificaciones en bloque, no sobre elementos aislados de un edificio; por otro lado, se trata de edificios singularmente protegidos por razones históricas, en virtud de las DDBIC ya referidas”.

El juez afirma que “en segundo lugar, como elemento central del tipo, exige que el autor derribe o altere gravemente ese edificio”. “El derribo –apunta- se refiere, obviamente, al edificio en su conjunto (“los que derriben ... edificios ...”), y en este caso, es claro que no ha habido derribo del edificio, que implicaría una destrucción total de la construcción en su conjunto que aquí no ha habido en modo alguno”.

El magistrado señala que “en cuanto a la alteración del edificio que se sanciona penalmente ha de ser ‘grave’, y esto significa dos cosas, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo: ha de ser importante en términos cuantitativos; y ha de serlo también en términos cualitativos, y ello puesto en relación con la finalidad de esta norma penal, de manera que si la alteración es parcial ha de afectar a la parte del edificio en que se concreta el interés protegido”.

El juez cree que no ha habido esa alteración grave en la actuación profesional del acusado como arquitecto encargado de las obras

El juez cree que “en el presente caso, algo que resulta cristalino, a partir de toda la prueba practicada, es que no ha habido esa alteración grave en la actuación profesional del acusado como arquitecto encargado de las obras en los dos edificios de la Calle Alcalá 14 y de la plaza de Canalejas 1 de Madrid respecto de los que se ventilaba esta causa”.

La sentencia señala que “también ha de estimarse que, aun cuando en alguno de los extremos antes analizados en particular, se considerara por hipótesis que pudo haber una afectación deliberada de los valores históricos protegidos por la respectiva DBIC, no habría sido grave en todo caso, pues ello exige su importancia no sólo cuantitativa, sino también cualitativa con respecto a la finalidad de la protección, lo que ha de llevar a que ha de apreciarse pérdida del proyecto arquitectónico que aquí se protegía, lo cual no es el caso, pues ese proyecto arquitectónico primitivo ha sido preservado en su globalidad sin duda”.

“Alguna, -añade- tanto respecto de las fachadas, como de las crujías exteriores en el concepto funcional de las mismas de que se parte en las DDBIC, como del patio de operaciones. Esto llevaría en todo caso a relegar y derivar el asunto al ámbito administrativo sancionador, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 25 de mayo de 2004”.

El texto de la sentencia dice que “la prueba de cargo practicada, singularmente la testifical-pericial de algunos de los funcionarios actuantes, no ha permitido acreditar sin margen de duda una actuación por parte del acusado que diera lugar a una alteración grave del patrimonio histórico en las obras llevadas a cabo en las edificaciones controvertidas con las intervenciones a que se refería el escrito de acusación del Fiscal, con infracción de las respectivas DDBIC, por las razones expuestas”.

“Y lejos de ello, -escribe- además, la prueba practicada a instancias de la defensa del acusado, en particular las periciales, evacuadas por peritos de la más alta especialización y amplia experiencia, pero incluyendo también las testificales-periciales de altos funcionarios que intervinieron en todo el proceso administrativo, permite descartar dicha grave alteración. Y ello sin perjuicio de lo que pueda decidirse en el plano administrativo, por lo que se deducirá testimonio de esta sentencia, una vez que adquiera firmeza, para su remisión a la CAM a los efectos que procedan”.



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