España

La Justicia insta a un colegio privado a llegar a un acuerdo con la familia de una alumna víctima de bullying

La familia exige al centro una indemnización de 35.498 euros por los daños físicos y psicológicos sufridos por la menor

  • Colegio British de Pozuelo de Alarcón

La causa abierta en un juzgado de Pozuelo de Alarcón por la demanda civil interpuesta por los padres de Mónica, una joven menor de edad que fue diagnosticada con anorexia nerviosa derivada del acoso escolar que sufría, da sus primeros pasos. La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Pozuelo de Alarcón ha emitido una diligencia de ordenación por la que insta al Colegio British de Pozuelo de Alarcón y a la familia de la exalumna a "intentar un acuerdo o transacción" que ponga fin al proceso

Los padres de la joven presentaron el pasado mes de octubre una demanda civil contra el centro y cuatro profesores al considerar que el colegio no actuó ante el bullying que sufrió su hija lo que, además, le afectó de manera "grave" a su salud mental y física. Por los hechos denunciados, la familia exige una indemnización de 35.498 euros por los daños y perjuicios causados por la acción de cuatro profesores del centro británico. 

Tras la contestación de la demanda remitida por el colegio al juzgado, la jueza informa a las partes inmersas en el proceso de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, "incluido el recurso a una mediación", que en el caso de producirse deberá ser indicado a la audiencia, tanto la decisión tomada al respecto como las razones de la misma. En caso de no llegar a un acuerdo, la instructora ha señalado para el próximo 25 de febrero la celebración de una audiencia previa en sede judicial, procedimiento habitual en este tipo de causas civiles. 

Por su parte, el centro alega en el escrito presentado al juzgado como contestación de la demanda civil la "inadecuación de la acción ejercitada" por la parte demandante, al entender que el marco normativo invocado por la familia en su demanda "no es el adecuado para el supuesto que nos ocupa". Entre otros motivos, la defensa alude como motivo para no efectuar el pago de la indemnización la no existencia en el ordenamiento jurídico de una "norma educativa o jurídica que pretenda específicamente prevenir un trastorno alimenticio que se sufre como consecuencia de otras causas generalmente dilatadas en el tiempo". En consecuencia, a juicio del centro "no puede configurarse la responsabilidad civil extracontractual cuando no concurre la vulneración de una norma cuyo objetivo sea evitar el tipo de daño reclamado". 

Los hechos se remontan al año 2022, cuando la joven tenía 13 años fue diagnosticada con anorexia nerviosa derivada del acoso escolar que sufría, según defiende la familia en su demanda, por la "inacción" del centro y de la acción "torticera" de los cuatro codemandados. Según la denuncia interpuesta por sus progenitores, en la medida en que sus profesores "no consiguieron silenciar" a la joven, "intentaron forzar deliberadamente la salida de la menor del centro escolar". Este escenario, provocó en Mónica una sensación de "frustración terrible" que acabó haciendo mella en su salud mental y física.

Ante estos hechos, los padres de la menor presentaron una querella criminal contra varios profesores y a la directora del colegio. Finalmente, la declaración del padre de la niña fue suspendida en tres ocasiones por la huelga de funcionarios de justicia y el caso de bullying tuvo que ser archivado tras haber vencido los plazos en este conflicto laboral sin poder hacer una sola diligencia. 

Desde el Colegio British de Pozuelo de Alarcón hacen especial hincapié en que el procedimiento penal iniciado por la familia "fue archivado (sobreseimiento) y cerrado definitivamente después de que los padres recurriesen. En cuanto al procedimiento civil actual, siguiendo las disposiciones expresas del Juzgado que está tramitando este asunto, "mantendremos la confidencialidad de los documentos e información relativos al procedimiento, en cumplimiento de la Ley". "Es el deber del colegio velar por la integridad de todos sus alumnos y su objetivo es siempre mantener la convivencia en el centro, respetando la privacidad de los miembros de la comunidad, sobre todo de los menores. Para nuestra institución educativa es fundamental hacer hincapié en que la publicación, tanto de mensajes personales, como de datos personales de menores, es susceptible de crear malestar y posiblemente victimizar a los protagonistas, perpetuando lo que en ocasiones este tipo de noticias que se publican pretenden defender", defienden. 

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