Publicado: 11/05/2021 16:43
Actualizado: 11/05/2021 17:10
El juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha inadmitido la denuncia del PSOE por cohecho contra el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras; contra los diputados regionales expulsados de Ciudadanos, Isabel Franco, María del Valle Miguélez y Francisco Álvarez; así como contra el consejero de Transparencia, Participación y Administración Pública, Antonio Sánchez Lorente, también expulsado de la formación naranja.
Cabe recordar que Franco, Miguélez y Álvarez fueron expulsados de Ciudadanos tras hacer fracasar la moción de censura impulsada por la formación naranja junto a los socialistas. Posteriormente, fueron nombrados consejeros, al igual que Antonio Sánchez.
La resolución se adopta tras acumular la denuncia, por inhibición del juzgado número 6, a la denuncia que en su día presentó el partido Contrapoder y que también fue inadmitida, por existir identidad de hechos.
Así pues, se acumula el procedimiento incoado con la denuncia del PSOE al procedimiento que se llevaba en este juzgado por la denuncia de Contrapoder, por tratarse de los mismos hechos, remitiendo al denunciante al contenido del auto de 13/4/21, por el que se acordó el sobreseimiento y archivo provisional, al no apreciar indicios de delito en los hechos denunciados.
Denuncia por "haber comprado tránsfugas"
La denuncia por cohecho fue anunciada por el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien acusó al PP de haber "comprado" tránsfugas en Murcia.
En la denuncia, el PSOE defendía que más allá del "reproche social" por el "acto de transfuguismo", en el caso de Murcia "se añaden otros elementos que transcienden el plano político, dando lugar a que las conductas puedan ser consideradas como hechos con relevancia penal".
En concreto, los socialistas avisaban de que "hay un elemento que trasciende" lo político, y que hace que las conductas del presidente murciano y los exdiputados de Cs sean "punibles", y es que los exdiputados recibieron "como contraprestación" a su voto contrario en la moción "una recompensa a su conducta", después de haber firmado que apoyarían la moción.
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