Publicado: 25/04/2020 05:15
Coincidieron la condena de Isabel Serra, la imputación de los exconsellers de Convergència Democràtica de Catalunya y el archivo de la causa contra el Síndic de Greuges. Todos se dieron a conocer el miércoles. Tras casi cinco semanas de parón en los tribunales por el estado de alarma por el coronavirus, el buzón telemático de la judicatura comenzó a recibir resoluciones no consideradas urgentes. Según datos del Ministerio de Justicia, el ritmo se mantiene un 81% por debajo de lo habitual en una semana ordinaria de 2019, con 357.879 notificaciones realizadas entre el 15 y el 22 de abril.
Tras la publicación del Real Decreto del 14 de marzo se suspendieron todas las actuaciones y plazos procesales, excepto aquellas causas o preso y la petición de medidas cautelares urgentes. Desde el departamento de Juan Carlos Campo prevén que a raíz de la circular del 20 de abril, en la que se recomienda a los letrados de la Administración de Justicia que notifiquen lo que se vaya tramitando,"se empezará a corregir el desfase entre las presentaciones y las notificaciones".
Justicia estima que la declaración del estado de alarma supuso un descenso del 87% en las comunicaciones electrónicas con los órganos judiciales. Los datos de esta última semana, sin embargo, confirman que "la actividad judicial ha comenzado a recuperarse, si bien no estamos todavía en un escenario de desescalada de las medidas de contención en la Administración de Justicia".
Retraso en las resoluciones
La sentencia contra la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid se esperaba desde mediados de marzo. Pero la paralización de los plazos procesales por la Covid-19 retrasó la resolución que preparaban los jueces del Tribunal Superior de Justicia desde mediados de febrero, cuando se celebró el juicio.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que también presentaba retrasos, logró este miércoles reactivar la investigación del caso 3% con las imputaciones a los exconsellers de Convergència y el archivo de la causa contra el Síndic de Greuges. Según datos del Ministerio de Justicia, entre el 15 y el 22 de abril en los juzgados de la Comunidad de Madrid se registraron 30.242 notificaciones, un aumento respecto a las 8.860 reflejadas las dos primeras semanas del estado de alarma.
Repunte tras el parón
El resto de comunidades autónomas también han percibido un repunte en la actividad judicial. Este jueves, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela decretó el archivo de las actuaciones relacionadas con una de las piezas separadas de la operación Pokémon. En concreto, la juez dejó sin efecto las medidas preventivas adoptadas respecto al exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa y 10 miembros de su gobierno, quienes estaban siendo investigados por supuestos amaños en contratos concedidos por la administración local.
El departamento del ministro Campo cifra en 27.583 las notificaciones registradas en la última semana en Galicia, que entre el 25 y el 31 de marzo contó solo con 4.297. Para la próxima semana, se prevé que la actividad judicial en la comunidad incluya la vista de apelación por el crimen de Diana Quer, que en un principio estaba en agenda para el 31 de marzo.
En Navarra el pistoletazo de salida lo dio este viernes la Sala Segunda de la Audiencia Provincial, que hizo público el fallo contra los 11 acusados del caso Osasuna. Condenas de entre uno y ocho años de prisión para los acusados; la primera sentencia condenatoria por el delito de corrupción deportiva en España. En el comunicado de Justicia no constan datos de la Comunidad Foral.
La intención en la judicatura es que el ritmo continúen en ascenso en las próximas semanas, aunque admiten que tardarán en pasar de las 357.879 notificaciones realizadas entre el 15 y el 22 de abril a las 1,9 millones que se registraron en el mismo periodo de 2019.
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