Tribunales

Justicia asume que la ley que quita la instrucción a los jueces tardará seis años en arrancar

Ese es el cálculo mínimo de tiempo que hacen en el Ministerio para que entre en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal desde su publicación en el BOE: "Es una transformación profunda"

El ministro Juan Carlos Campo y la fiscal general del Estado Dolores Delgado
El ministro Juan Carlos Campo y la fiscal general del Estado Dolores Delgado Europa Press

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que ultima el Gobierno y que tiene entre sus principales novedades la de retirar a los jueces la instrucción de los casos para dársela a los fiscales tardará al menos seis años en arrancar desde su aprobación. Esos son los cálculos que baraja el Ministerio de Justicia tras meses de elaboración del anteproyecto de Ley, que se llevará en breve al Consejo de Ministros. "Es una transformación muy profunda del sistema", advierte uno de los expertos que ha trabajado en la elaboración de esta ambiciosa reforma.

Habla para Vozpópuli con la autorización del departamento que dirige Juan Carlos Campo. Dice que la LeCrim tendrá “una vacatio muy amplia”. Se refiere a la vacatio legis, un término jurídico que se traduce en “el tiempo que tarda una ley entre que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor”. “Es el tiempo que transcurre hasta que desprende efectos jurídicos, en este caso seis años aproximadamente”, estima este experto en derecho procesal, quien no descarta que pueda ser más tiempo incluso.

Dejar la instrucción en manos de los fiscales -como ya sucede en la mayoría de países europeos- despierta recelos entre las asociaciones de jueces consultadas por este periódico. Su desconfianza se debe a que la Fiscalía es un cuerpo jerárquico que en última instancia depende siempre del fiscal general del Estado. Si se tiene en cuenta que lo nombra el Gobierno, temen que pueda suponer un menoscabo a la independencia y la separación de poderes. En sus reflexiones aluden al ejemplo de Dolores Delgado, quien pasó del gabinete de ministros a dirigir el ministerio público.

Atasco en el Consejo de Ministros

Sin embargo, el calendario estimado para poner en marcha la Ley es demasiado amplio como para predecir la situación. A esos seis años como mínimo que calculan de vacatio legis hay que sumarle además toda la tramitación previa de la Ley. La intención de Justicia era haberla llevado al Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de este mes. Fuentes de Justicia alegan que ha coincidido en Moncloa con otras iniciativas y eso ha retrasado su salida.    

En Justicia no tienen prisa. Más si se tiene en cuenta que la Ley que rige actualmente fue alumbrada en 1882, es decir, ha estado en vigor en tres siglos diferentes. Sujeta a numerosos parches y remiendos parciales desde entonces, son varios los Gobiernos de distinto signo los que han intentado sin éxito sacar adelante una reforma integral. Consideran que el texto que saldrá del Ministerio será un punto de partida sujeto a discusiones y modificaciones de todas las partes implicadas en el mundo judicial.

La nueva LeCrim está todavía en fase de borrador, un estado embrionario. Quedan meses aún para que llegue al Congreso de los Diputados. La primera vuelta es que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto y, al tratarse de una reforma que afecta a la Justicia, el Ejecutivo tendrá que pedir informes al Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ya con los informes preceptivos, el anteproyecto vuelve en segunda vuelta al Consejo de Ministros para aprobar el proyecto de ley con los cambios recomendados. Es difícil que este recorrido termine antes de Navidad.

Una vez en el Congreso de los Diputados arranca la fase parlamentaria: apertura de plazo de enmiendas, debate de totalidad, presentación de enmiendas parciales, discusión de las mismas y aprobación en Comisión de Justicia y en el Pleno del Congreso. Eso tardaría aproximadamente dos meses siempre que no se decida añadir comparecencia de expertos. De ahí pasa al Senado, que tiene unos tiempos más tasados antes de devolverlo a la Cámara Baja. Toda esta tramitación en Las Cortes amplía el plazo hasta mediados del año que viene aproximadamente para su publicación en el BOE. 

Todo el poder para la Fiscalía

El poder de la Fiscalía no se reducirá solo al protagonismo en las investigaciones judiciales. Además, tendrá el control de la información y de lo que se traslada a los medios sobre las causas, desde su inicio hasta el momento del juicio. Eso incluye la información sobre las operaciones policiales y el momento de las detenciones. Más allá de las filtraciones y el trabajo de los periodistas de conseguir información exclusiva fuera de los cauces oficiales, en la actualidad es habitual que los cuerpos policiales informen de sus actuaciones en comunicados institucionales, muchas veces tras pactar con el juez lo que se puede contar. 

“La publicidad en el ámbito de la investigación es interna para salvaguardar los derechos de los que participan. No solo el investigado sino también la víctima. Se desarrolla una serie de sanciones disciplinarias o incluso responsabilidad penal a los funcionarios, algo que ya está previsto en el Código Penal. Se concentra la potestad para dar información sobre el proceso en el Ministerio Fiscal. Ahora no se dice quién informa de lo que está pasando. Abordamos esta cuestión centralizando en las oficinas de prensa de la Fiscalía. Se establecen unos cauces para informar”, argumentan desde Justicia.

La nueva LeCrim también busca poner coto a la presencia de partidos políticos en los procesos judiciales ejerciendo la acusación popular. Esto es algo que ya ha despertado el rechazo, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, que se ha pronunciado en contra de ese uso de la acusación. Desde Justicia explican que “se limita la instrumentalización del proceso judicial para otros fines como la propaganda política. Establece una cláusula general que regula una delimitación en sentido negativo sobre quién no puede, como una lista de quienés no pueden estar”.

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