Cataluña

La Justicia investiga tres casos de corrupción del independentismo más allá del 1-O

La Fiscalía de Cataluña y los juzgados de instrucción número 1 y 16 de Barcelona dirigen pesquisas en diferentes causas contra miembros del Govern, de los Mossos d'Esquadra y de la Asociación Catalana de Municipios por presuntos delitos de prevaricación y malversación

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Barcelona con una estelada.
Imagen de archivo del Ayuntamiento de Barcelona con una estelada. GTRES

El Tribunal Supremo ya condenó a doce líderes del proceso independentista catalán responsables de la celebración del referéndum ilegal de 2017 por delitos de sedición y malversación. Ahora, la Justicia investiga la corrupción del secesionismo más allá del 1-O. La Fiscalía de Cataluña y los juzgados de instrucción número 1 y 16 de Barcelona dirigen pesquisas en diferentes causas contra miembros del Govern, Mossos d'Esquadra y asociaciones afines al independentismo por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

En las últimas tres semanas se ha dado a conocer una querella contra el conseller de Interior de Cataluña, Miquel Buch, y han trascendido varios registros -uno en la Asociación Catalana de Municipios y otros en sedes de fundaciones afines a la extinta CDC-. Solo una de las tres causas ha implicado detenciones. 

Subvenciones a afines de CDC

Esta misma semana, la Guardia Civil ha llevado a cabo en Barcelona una operación por presunta malversación de subvenciones públicas de la Generalitat, prevaricación y tráfico de influencias vinculada a la actividad de la Secretaría General del Deporte y el Consejo Catalán de Deporte. Se trata de una investigación contra una trama acusada de desviar fraudulentamente subvenciones públicas a fundaciones cercanas a la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC). 

En el marco de estos registros, los agentes del Instituto Armado han detenido al secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras; a Maite Fandos, exconcejal del PDeCat en Barcelona; al subdirector general de Gestión de la Secretaría General del Deporte, Lluís Pallisera; y al apoderado del Canal Olímpic de Castelldefels. Según las pesquisas, los detenidos habrían desviado ayudas públicas a entidades afines a CDC mediante adjudicaciones directas o a través de pagos por conceptos de publicidad a revistas que eran gestionadas por las fundaciones Catmon e Igman, cercanas a Convergència.

El secretario general del Deporte, Gerard Figueras (i); y el director del Canal Olímpic de Castelldefels, Jordi Congost (d)
El secretario general del Deporte, Gerard Figueras (i); y el director del Canal Olímpic de Castelldefels, Jordi Congost (d) EFE

Tal y como consta en el auto de entrada y registro de uno de los detenidos, el juez considera que existen indicios de irregularidades a partir de varias conversaciones intervenidas a los detenidos en las que estos aluden a su relación con cargos del entorno posconvergente. De hecho, el magistrado sospecha que la exconsellera de Presidencia Neus Munté, de acuerdo con la exportavoz del Govern Elsa Artadi y David Bonvehí, "influyó" en cargos de la Diputación para que ficharan a la exconcejal Maite Fandos -detenida este martes- por temor a que se "descontrolase" y explicara cosas que les perjudicaran.

En este sentido, el juez ha subrayado la "enorme preocupación" que tenían los investigados por perder el control de la Generalitat. Si eso hubiera ocurrido, según consta en las escuchas, la institución que habrían utilizado "para colocar a personas de su confianza" sería la Diputación de Barcelona, tal y como ya habrían hecho en ocasiones anteriores. En el auto incluso se recoge una afirmación de uno de los detenidos, que admitió que "estaban colocando a tíos por un puto sueldo que no saben lo que harán y que a la gente con talento la habían dejado tirada".

Este caso tiene que ver con una investigación más amplia sobre corrupción -en mayo pasado se realizaron una veintena de registros- vinculada a la Diputación de Barcelona, institución con un presupuesto público de cerca de 1.000 millones de euros

Un escolta para Puigdemont

Tras otra investigación, la Fiscalía también ha acusado al conseller de Interior Miquel Buch por extralimitarse en el nombramiento de un cargo de confianza. El fiscal Pedro Ariche ha presentado una querella en su contra por nombrar como asesor al sargento de los Mossos Lluís Escolà cuando en realidad ejercía de escolta en Bélgica del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Según el ministerio público, la actuación de Buch supuso "un quebranto para el erario público" de 52.718 euros. Por ello, se le acusa de por un presunto delito de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. 

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont (d) y su abogado Paul Bekaert (i)
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont (d) y su abogado Paul Bekaert (i) EFE

Según el escrito, recogido por Vozpópuli, la investigación ha permitido acreditar indiciariamente que el nombramiento de Escolà como asesor de sistema de seguridad constituyó un acto de "arbitrariedad", pese a que sea un cargo de confianza, y que solo tenía como objetivo facilitar -con fondos públicos- "un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde". El miembro del Govern se ha desmarcado de las acusaciones en rueda de prensa en la Conselleria.

167 alcaldes a Bruselas

Asimismo, ha trascendido recientemente una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona. El pasado 21 de octubre, la Policía Nacional registró la Asociación Catalana de Municipios (ACM) en busca de documentación vinculada con una trama de presunto desvío de fondos públicos para costear los viajes de 167 alcaldes a Bruselas, donde el 7 de noviembre de 2017 se celebró un acto organizado por Puigdemont. En aquella ocasión también se efectuaron registros en la agencia que presuntamente gestionó los viajes.

Vehículo de la Policía Nacional
Vehículo de la Policía Nacional Europa Press

Los viajes, según fuentes consultadas por EFE, habrían tenido un coste de 62.900 euros. El juzgado barcelonés investiga si dicho monto procedía o no de fondos públicos. También se habrían pagado 13.322 euros por el alquiler del local que, según las pesquisas, habrían sido abonados por la Asociación Catalana de Municipios y la Asociación de Municipios por la Independencia. La Fiscalía Superior de Cataluña ya había abierto una investigación al respecto, pero finalmente se archivó al concluir que no había indicios de que lo financiaran los Ayuntamientos.

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