España

Juristas subrayan la "degradación" de Sánchez por intentar seguir gobernando sin Presupuestos

Advierten, junto con la Abogacía del Estado, de la obligación constitucional de presentarlos. Y si el Congreso los tumba, se convocan elecciones

  • Pedro Sánchez, durante la última sesión de control. -

"Ninguna preocupación" por seguir operando sin Presupuestos ha mostrado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en rueda de prensa este viernes. Según Bolaños, los Presupuestos de 2023 prorrogados por segunda vez son "muy buenos". "Los apoyos a unas cuentas de 2025 no están "maduros", ha dicho, para a contiuación asegurar que el Gobierno "gana el 90% de las votaciones en el Congreso".

El día antes Pedro Sánchez había asumido la prórroga en Bruselas y descartado convocar elecciones: "Sin ninguna duda. Porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad". En línea con su comparecencia de final de año en Moncloa el pasado 23 de diciembre, en la que sugirió que va a gobernar sin Presupuestos: "Lo importante no son las leyes, son los resultados".

Juristas advierten sin embargo de que este proceder supone una "degradación" de las insituciones y es contrario a la ConstituciónLa propia Abogacía del Estado se lo advirtió al Gobierno hace un año cuando se perfilaba que no iba a presentar los Presupuestos de 2024. Y es que el Ejecutivo no está obligado a aprobar los Presupuestos, no depende de él que sean validados, pero sí a presentarlos.

La Abogacía del Estado así lo trasladó en marzo de 2024 cuestionada por este asunto, según trasladaban fuentes conocedoras, en una consulta oral. Lo que ya había dicho por escrito en su pronunciamiento sobre la posibilidad se seguir adelante sin objetivos de estabilidad aprobados en las Cortes. En ese informe que encargó María Jesús Montero, defiende con rotundidad que el Gobierno tiene la "obligación" de presentar Presupuestos, lo que sostiene explícitamente en tres ocasiones. 

Obligación de presentarlos

Así, el informe empieza justo subrayando que "el artículo 134 CE establece la obligación del Gobierno de presentar a las Cortes generales un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado [...] Esta obligación es un mandato impuesto por la Constitución".

José Manuel Sala Arquer, catedrático de Derecho Administrativo, destaca también que "el artículo 134.3 de la Constitución es clarísimo con la obligación que tiene el Gobierno de presentar Presupuestos. No la hay de aprobarlos, sí de presentarlos, por lo menos hay que intentarlo. La fórmula que están siguiendo de no los presento porque no me los van a aprobar ya incumple el apartado 3 del artículo".

Además, añade, "supone que no los presentan y consideran los Presupuestos automáticamente prorrogados, lo que implica que se está incumpliendo el apartado 4, ya que la prórroga opera si no se aprueban. Si esto ocurre, un gobierno democrático convoca elecciones. Es la costumbre constitucional, una norma no escrita por ser expresión de que no tienes una mayoría que te apoye".

Para Sala Arquer, "estamos en un bucle. No los presentas, eludes el peligro político de que te los rechacen. Es como si no te presentas a un examen que vas a suspender, esquivas el suspenso y pasas de curso".

Cree que "estamos en un escenario degradado, lo mismo que no se usan las palabras en su sentido habitual y se recurre a eufemismos, en este caso para no decir que me los han rechazado. Vale todo. Pero cuando llega la hora de la verdad, en determinados temas si arman mayorías pero no para un tema fundamental como son los Presupuestos y así van tirando. Esto no se parece nada a un régimen parlamentario", remacha.

José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional en la URJC, subraya que presentar los Presupuestos "es una obligación constitucional y una falta de respeto, que también ha ocurrido con los nuevos nombramientos para el CGPJ y con el veto a las enmiendas del Senado en la ley de desperdicio alimentario", lo que considera que es "una falta de respeto al Senado y del Congreso a sí mismo. No tiene ningún sentido, discútelo y ya se verá". Una falta de respeto que también aprecia en cómo se ha tratado la cuestión prejudicial que plantea la Audiencia Provinicial de Sevilla en el caso de los ERE.

Vera Santos recuerda que "los Presupuestos son el origen de las asambleas en las que se decidía en qué podía gastar el Rey. Las Cortes de León en el siglo XIII son pioneras, ya se vigilaba al Rey absoluto. En todo caso hay que presentarlos. Es increíble que un gobierno democrático en el siglo XXI no lo respete".

Este catedrático avisa de que "hay una degradación institucional, no sólo académica, también en los índices de calidad democrática", una degradación que apunta que "se extiende a otros asuntos, como la política internacional, que debe ser consultada a las Cortes según establece el artículo 93 de la Constitución, y no se sigue en el caso del Sáhara y en otros. Y con la nueva cesión a Junts en inmigración cuando no es una materia que se pueda transferir ".

En todo caso, Sánchez ya dijo que gobernaría con o sin Parlamento, lamenta. En suma, a su juicio, "hay una prostitución absoluta de las instituciones en beneficio del establecimiento de un régimen cada vez más personalista".

Fuentes parlamentarias creen que el Gobierno ya descuenta que no habrá presupuestos en toda la legislatura y advierten de que buena parte de los diputados que aprobaron los Presupuestos de 2023, en la anterior legislatura, ya no están. Algunos creen que prerrogativas como el veto del Gobierno a iniciativas costosas se siguen de que haya Presupuestos, aunque otros apuntan a que también dimanan de una prórroga.

Más gasto en Defensa

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House), reflexiona en Las incómodas verdades del presupuesto de Defensa (El Economista) sobre estos asuntos en relación con la presión para incrementar en gasto en Defensa, que señala que también debe pasar por las Cortes, aunque el Gobierno amaga con eludirlas.

"Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes. En la enorme polvareda que tenemos sobre el aumento del presupuesto de defensa al 2% del PIB o más, parece que todo el mundo se ha olvidado de este mandato constitucional contenido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna. Si se quiere gastar más, mucho más, en Defensa, habrá que hacerlo de acuerdo con las leyes. Especialmente, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, que "incluirán la totalidad de los ingresos y gastos del sector público estatal", que es otro mandato constitucional, en este caso del artículo 134", plantea.

"¿Esto exige votación en el Congreso? Pues parece que tarde o pronto, sí. De hecho, los parlamentos se inventaron precisamente para eso en la Edad Media, para autorizar los gastos de defensa de las Monarquías, y también, lógicamente, para exigir los correspondientes tributos con que financiarlos", insiste.

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