Procés

La Fiscalía apunta a acusar por sedición a Trapero tras la sentencia del Supremo

"La Fiscalía es consciente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y en el momento oportuno se considerará la conveniencia de cambiar la tipificación, pero este no es el momento procesal oportuno", ha dicho el fiscal Miguel Ángel Carballo

Josep Lluis Trapero en la Audiencia Nacional
Josep Lluis Trapero en la Audiencia Nacional EP

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha apuntado este lunes a que rebajará su acusación contra exmayor de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero de rebelión a sedición al tener en consideración la sentencia del  Tribunal Supremo del 14 de octubre. Sin embargo, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha rechazado confirmar este cambio durante la primera sesión del juicio al considerar que no es el momento procesal oportuno. El tribunal ha avalado la decisión de la Fiscalía.

El ministerio público se ha pronunciado así tras la petición de la defensa del también acusado César Puig -exjefe político de la policía autonómica-, que en el turno de cuestiones previas ha reclamado al fiscal que aclarara su acusación. Carballo ha afirmado que la Fiscalía "es consciente y se hace eco de la sentencia del Supremo y lógicamente, en el momento oportuno, se valorará y considerará la conveniencia de calibrar la calificación jurídica".

El también fiscal Pedro Rubira ha insistido a preguntas de las defensas en que "este no es el momento para que la Sala pueda enterarse si el escrito de calificación es acertado o no". El ministerio público puede modificar su acusación hasta el último día del juicio previsto para el mes de marzo

Petición de 11 años de prisión para Trapero

El papel de la Fiscalía se encuentra en el centro de todas las miradas tras el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. En su condición de responsable máximo de un cuerpo jerárquico, Delgado tiene capacidad para dar instrucciones a la Fiscalía. Cuando fue designada ministra de Justicia, impuso a la Abogacía del Estado que acusase por sedición -penas más bajas- pese a que hasta ese momento había apostado por la rebelión. La sentencia dio la razón a este cambio tal y como se encargó de destacar el departamento de comunicación del Gobierno.

Este lunes, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar a la que fuera la cúpula de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los próximos dos meses se sentarán en el banquillo el exmayor José Luis Trapero, el exjefe político de la policía autonómica Pere Soler y el ex número dos de Interior de Cataluña César Puig. Los tres se enfrentan a la petición de penas de la Fiscalía de hasta 11 años de prisión por un delito de rebelión. 

También se juzgará a la intendente de los Mossos Teresa Laplana. El Ministerio Fiscal pide para ella cuatro años de cárcel por un delito de sedición tras su actuación durante el asedio a la Conselleria de Economía durante el 20 de septiembre de 2017, cuando manifestantes intentaron frenar un registro judicial. Ninguno ha estado en prisión preventiva por estos hechos, aunque tienen prohibido de salir de España.

"Pieza clave en el 1-O"

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, los acusados "constituyeron una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de Justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista".

El representante del ministerio público ha insistido durante la instrucción de la causa que el papel desempeñado por los Mossos d'Esquadra entre septiembre y octubre de 2017 fue "imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".

La sentencia dictada por el Tribunal supremo contra los 12 líderes del procés, sin embargo, expone que Trapero avisó de "la posible concurrencia a la votación de dos millones de personas, con el riesgo subsiguiente de graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos". La respuesta de su entonces jefe político, el conseller de Interior, Joaquim Forn (condenado a 10 años de prisión) fue que “el objetivo prioritario era preservar la ‘convivencia’”. 

El juicio que arranca este lunes permitirá con toda seguridad establecer un relato jurídico y otro de corte más político atendiendo a la lista de testigos propuestos por las partes entre los que se encuentran el líder de ERC, Oriol Junqueras, o el expresidente de la Generalitat Artur Mas. También prestarán testimonio altos mandos de los Mossos y decenas de agentes. En total se esperan 104 testigos.

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