España

La jueza Núñez Bolaños detuvo una investigación a un concejal del PSOE antes de cogerse la baja

La magistrada encargada de instruir el caso de los ERE trabajó se cogió una nueva baja unos días después de incorporarse tras las vacaciones de verano

María Núñez Bolaños.
María Núñez Bolaños.

La jueza María Núñez Bolaños, encargada de instruir el caso de los ERE, paró la investigación a un concejal 'enchufado' del PSOE en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) un día antes de volver a darse de baja, tal y como publica en exclusiva ABC.

La magistrada se cogió la segunda baja en lo que va de año el pasado 4 de septiembre, tan sólo unos días después de finalizar sus vacaciones de verano. Antes, el 16 de junio, Núñez Bolaños comenzó una baja que se prolongó durante un mes.

Así, tal y como especificó ABC en la información sobre la segunda baja, la jueza fue vista por funcionarios en los juzgados de Sevilla, y ahora se conoce uno de los motivos por los que estuvo allí. En concreto, Núñez Bolaños dejó sin efecto una orden, realizada por su sustituto en la primera de las bajas, a la Guardia Civil en la que tenían que investigar un supuesto "enchufe" del concejal socialista del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera Francisco Camas, antiguo trabajador de la desaparecida fundación pública Faffe.

Pero no sólo eso, ya que ABC también detalla que el 2 de septiembre la jueza archivó la imputación de un exparlamentario andaluz socialista y de otro ex alto cargo del Gobierno del PSOE. Estas estaban en dos piezas desgajadas de la causa troncal de los ERE sobre ayudas fraudulentas.

Denuncia de la Fiscalía Anticorrupción

La primera baja médica de Núñez Bolaños coincidió en el tiempo con la denuncia que Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, interpuso contra ella por el "retraso injustificado" en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE así como en el caso Avales y en el caso IDEA.

Según expuso en ese momento la Fiscalía en un comunicado, la situación procesal de las causas en cuestión "se ven afectadas por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución" y considera que por este motivo "está resultando imposible proceder "al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos".

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