El juez de Púnica investiga un contrato de 26 millones a Sacyr para poner multas en Valdemoro

En el 'caso Púnica' no todo fueron 'pelotazos' urbanísticos y amañados contratos de eficiencia energética. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha ordenado recientemente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar una nueva adjudicación del Ayuntamiento de Valdemoro tras haber encontrado "indicios de corrupción" en el procedimiento para su concesión. Se trata, en concreto, de la que consiguieron en el verano de 2012 Sacyr y su filial Valoriza para gestionar durante 25 años el estacionamiento regulado en la localidad considerada el epicentro de la trama. Un contrato de 26 millones de euros por poner multas y retirar con la grúa los coches mal aparcados que salpica directamente al que era alcalde de esta ciudad del sur de Madrid cuando se produjeron las detenciones, el 'popular' José Carlos Boza Lechuga, y a su jefe de Gabinete, Alfredo Ovejero López, ambos imputados.

Informes de la Agencia Tributaria destacan las relaciones de la UTE que se hizo con el contrato para gestionar el aparcamiento en Valdemoro y varias empresas de la trama

Pese a que las pesquisas sobre dicho contrato se han iniciado recientemente y aún están en una fase "muy incipiente", según fuentes cercanas a la investigación, en el sumario constan ya varias referencias al mismo y, más en concreto, a la Unión Temporal de Empresa (UTE) Valdemoro Movilidad que se hizo con él en julio de 2012 y en la que participa de manera destacaba Valoriza. De hecho, figuran diversos informes de la Agencia Tributaria en los que se detallan las supuestas conexiones entre la adjudicataria y algunos de los implicados de la trama y sus sociedades. Así, los expertos de Hacienda destacan que mientras la UTE recibía del consistorio cerca de un millón de euros (59.556 euros por los últimos veinte días de diciembre de 2012 en los que se inició el servicio y 918.647 euros por todo el año siguiente), ésta entregaba a su vez 25.410 euros en 2012 a Anaid Gestión SL, una de las empresas claves del entramado de David Marjaliza. No es la única. También hay vínculos con Valescar Parking, otra de las mercantiles investigadas en el 'caso Púnica'.

Pese a dichos informes de la AEAT, portavoces oficiales de Sacyr negaban a Vozpópuli cualquier irregularidad en el proceso por el que la compañía y su filial se hicieron con el millonario contrato y aseguraban que la primera noticia de que él mismo estaba siendo investigado por el juez Eloy Velasco la tenían por la llamada de este diario. "Nadie, ni el magistrado ni la Guardia Civil, se han dirigido a nosotros para solicitarnos la documentación", aseguraban, antes de recalcar que todo "se ajustó a la legalidad, tanto en la licitación como en la adjudicación", y que el servicio se seguía prestando sin incidencias. También rechazan la existencia de amaño los dos principales responsables del Ayuntamiento de Valdemoro investigados por el mismo, el alcalde cuando se concedió, José Carlos Boza, y su mano derecha y jefe de Gabinete, Alfredo Ovejero. Ambos han presentado en los últimos días recursos ante la Audiencia Nacional para criticar, precisamente, la decisión del juez Eloy Velasco de incluir este contrato entre las que se investigan en el sumario.

90 millones en contratos bajo sospecha 

De hecho, con él son ya seis adjudicaciones bajo sospecha las que ponen a ambos en el punto de mira judicial. Media docena de licitaciones que suman cerca de 90 millones de euros. Así, además del contrato de Sacyr y Valoriza, la UCO tiene abiertas pesquisas por el contrato de eficiencia energética adjudicado a Cofely-GDF Suez en diciembre de 2013 por un importe de 60,8 millones de euros; los firmados con Waiter Music para las fiestas patronales de mayo y septiembre de 2014 por 300.000 euros; uno para la recogida de ropa usada en las calles de Valdemoro de agosto de 2014; otro del mismo año para vallas de publicidad y la concesión de un bar restaurante también en esa época. Todos ellos aparecen citados en un auto del pasado 6 de octubre, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que el magistrado recuerda que fue la crisis del ladrillo la que llevó a la trama Púnica a dejar a un lado la corrupción inmobiliaria y buscar otros ámbitos de actuación.

El juez Velasco investiga al exalcalde Boza Lechuga y a su mano derecha por seis adjudicaciones del Ayuntamiento de Valdemoro que suman cerca de 90 millones de euros

No es la primera vez que ambos imputados remiten al juez del 'caso Púnica' recursos en los que piden que se sobresea la causa contra ellos tras negar cualquier responsabilidad en las numerosas irregularidades investigadas en el Ayuntamiento de Valdemoro. De hecho, el antiguo edil, que dimitió precisamente cuando estaba encarcelado por esta causa, acusa de todas ellas a su antecesor, el también imputado José Miguel Moreno Torres (PP). En un escrito que remitió a la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, y que fue adelantado por este diario, él se presentaba como alguien sin capacidad de maniobra que se encontró hechas tanto las listas 'populares' con las que ganó las municipales de 2011 como el equipo de gobierno tras su victoria. De hecho, afirmaba que ni siquiera eligió a su secretaria, la cual "heredó" y que, por supuesto, tampoco seleccionó "los cargos municipales más destacados como Urbanismo y Hacienda". Su capacidad de maniobra, afirmaba, se limitó a seleccionar quiénes ocuparían "concejalías menores" y al jefe de su Gabinete, Alfredo Ovejero, precisamente el otro investigado por los seis contratos bajo sospecha.

En esta línea de defensa, Boza Lechuga detallaba 22 supuestos 'pelotazos' registrados en su municipio de los que hacía responsable a su antecesor, Moreno Torres. De éste, que fue imputado cuando dejó de ser aforado tras no ser incluido por el PP en las listas a las autonómicas de Madrid del pasado mes de mayo, recordaba en aquel escrito que ocupó la alcaldía de Valdemoro "desde el 3 de diciembre de 2003 hasta el mes de junio de 2011, esto es ocho años". Además recalcaba que su vinculación con la gestión del consistorio era muy anterior, ya que se remontaba "hasta el año 1999, momento en que se incorporó al equipo de Gobierno de Francisco Granados", el exdirigente del PP madrileño señalado por la investigación como uno de los cabecillas de la trama Púnica.

En el mismo escrito, el exalcalde también negaba la existencia de irregularidades en uno de los seis contratos adjudicados bajo su gestión ahora bajo sospecha. En concreto, el que se concedió a Cofely para la eficiencia energética del municipio. Boza Lechuga recalcaba que la oferta de esta empresa, cuatro de cuyos directivos fueron arrestados en la 'Operación Púnica', ganó porque fue la única que se presentó al concurso, además de que los técnicos del Ayuntamiento concluyeron que con su propuesta el consistorio podría recortar en 300.000 euros anuales el coste para las arcas municipales de la factura en luz y otros combustibles. El juez Velasco no le cree y le sigue investigando por éste y otros cinco contratos, entre ellos el adjudicado a Sacyr para poner multas de aparcamiento.