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España

Un juez reprende a los sindicatos por usar los tribunales para reclamar mascarillas al Gobierno

Control de la Policía Nacional en el estado de alarma por el coronavirus.

"Entendemos que lo que se está haciendo es impugnar resoluciones administrativas del Gobierno (...) mediante la utilización de unas reclamaciones judiciales huecas, carentes de cualquier contenido". El titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid ha reprendido a los sindicatos por llevar al Gobierno ante los tribunales en su intento de reclamar material de protección sanitario ante el coronavirus. El magistrado considera que varios gremios han exigido medidas cautelares en medio de una "guerra sindical" como "arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación".

El juez Antonio Seoane expone sus conclusiones en un auto, recogido por Vozpópuli, en el que deniega "de plano" la solicitud del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para dotar urgentemente a los agentes de material de protección ante la Covid-19. "No creemos que, ante la situación actual, el requerimiento que un Juzgado pueda hacer a la Dirección General de la Policía aporte nada al requerimiento moral que cada día se estarán efectuando los mandos policiales al comprobar las deficiencias en que seguramente han de trabajar los hombres y mujeres de que son responsables", explica.

El magistrado cree que "se está recurriendo a las medidas cautelarísimas como atajo para obtener pronunciamientos meramente declarativos sin un claro objeto o finalidad" y "sin dar oportunidad de defensa" al Estado, al tratarse de un procedimiento en el que se acuerdan medidas sin consultar a las partes. En este sentido, lamenta las decisiones adoptadas por otros juzgados de lo social en los que sí se han estimado las peticiones de los sindicatos y que "ahora se ven en el contrasentido de tener que ejecutar por vía de requerimiento, o sea requerir y volver a requerir hasta el requerimiento final en un círculo vicioso imposible de romper". 

Tal y como ha publicado Vozpópuli, varios jueces han admitido las medidas cautelares y cautelarísimas reclamadas por sindicatos de la judicatura y han obligado al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado a repartir en plazos de 24 horas material sanitario a los trabajadores de la Administración. 

"Goteo de solicitudes" en una "guerra sindical"

Para Seoane "resulta sorprendente el goteo de solicitudes de medidas cautelarísimas que se está produciendo y que parecen carecer de cualquier objeto". Según indica en su auto, "sorprende igualmente que no sean los sindicatos de clase mayoritarios del país (...) los que planteen tales medidas, sino sindicatos, legítimos, de franja defensores de los intereses corporativos". 

El magistrado considera que "resulta de difícil explicación del mismo sector o franja pidan lo mismo para el mismo espectro corporativo" cuando ya se han adoptado medidas cautelarísimas para ese gremio. A su juicio, se ha desatado "una guerra sindical por hacer lo mismo que han hecho otros" en plena pandemia.

En medio de su reprimenda a los sindicatos, el magistrado recuerda que alguno de ellos tienen "cuotas de representación minoritaria en sus respectivos cuerpos funcionariales" y que otros siguen "opciones ideológicas, igualmente legítimas, en clara oposición al color del Gobierno". Sostiene, incluso, que algunos sindicatos corporativos "defendían la sanidad privada, los recortes a la sanidad pública y la compatibilidad de los sanitarios de la pública con la privada".

Defensa a los políticos

En el escrito, de 18 folios, el juez admite que los sindicatos "piden algo aparentemente razonable, como es la disminución del riesgo de exposición al virus que padecen todos los colectivos que prestan servicios esenciales a la colectividad". Pero reconoce que "no hay suficiente" material sanitario y recuerda que "estamos en circunstancias excepcionalísimas" que "por quien corresponde se está intentando subsanar".

Fernando Grande-Marlaska.

El titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid defiende que los políticos a cargo de gestionar la pandemia están intentando "conseguir y distribuir" el material sanitario de protección para hacer frente al coronavirus, "entre otras cosas porque es público que alguno de ellos y sus familias se han contagiado". Los gremios difieren y reclaman soluciones. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han cargado públicamente contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró en rueda de prensa que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han gozado "en todo momento" de los "medios de protección individuales necesario para el ejercicio de sus funciones".

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