Madrid

Un juez pide al Ayuntamiento de Leganés la documentación que impide abrir gasolineras

Dos candidatos a las próximas elecciones y dos diputados pueden ser imputados por el juez, tras la denuncia que han hecho dos empresas

Los combustibles más baratos se encuentran en las provincias de Valencia y Murcia.
Los combustibles más baratos se encuentran en las provincias de Valencia y Murcia.

Dos empresas distribuidoras de gasolinas presentaron una denuncia ante un juzgado contra catorce personas, entre las que se encuentran dos candidatos a alcalde de la localidad y dos diputados de la Asamblea de Madrid, después de que el Ayuntamiento de Leganés les haya negado licencia para abrir estaciones de servicio en dicha localidad.

Leganés, con 180.000 habitantes, es un paraíso para ‪las tres grandes Repsol, Cepsa y BP, pues nadie ha logrado abrir una estación de servicio por las constantes zancadillas de la Corporación.

La querella va dirigida contra el actual alcalde Santiago Llorente (PSOE), y el líder de la oposición, Miguel Angel Recuenco (PP), así como contra los diputados de la Asamblea de Madrid Jesús Gómez (PP) y Rafael Gómez Montoya (PSOE). Llorente es el candidato del PSOE a las próximas elecciones municipales del año próximo y Miguel Ángel Recuenco se perfila como el cabeza de lista del PP. Igualmente la demanda va contra ‪las tres empresas que son propietarias de los surtidores actuales en la ciudad.

Si los políticos municipales fueran imputados podrían poner en peligro su continuidad como candidatos. El juez deberá decidir, en el caso de los diputados, si pide a la Asamblea su confirmación de que son parlamentarios para que el caso pase al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También podría decidir, lo contrario, el archivo de la causa.

El juzgado pide, en concreto, los expedientes completos de dos licencias de estaciones de servicio, un expediente de la retirada de licencia de un centro de lavado, así como la convocatoria y el acta completa de la sesión plenaria extraordinaria del ‪12 de julio‬ del año 2013 del Ayuntamiento de Leganés donde se acordó la moratoria para la instalación de estaciones de servicio con los votos de PP y PSOE.

Comisión de Trabajo de Gasolineras

Igualmente el juez solicita el acta de la Comisión de Trabajo de Gasolineras remitida por el concejal del PP Miguel Angel Recuenco al departamento técnico que tenía como asunto: “Expedientes en tramitación de gasolineras y la aprobación del gasto y la adjudicación del trabajo y pago de tres informes que se aprobaron ‪el 12 de julio‬ de 2013¨.

La petición del juez tiene su origen en una demanda que interpusieron dos empresas, La Ballena y Petroprix, por presunta prevaricación y otros delitos contra los cargos políticos que, en su opinión, han impedido que se les otorguen las licencias.

Ballenoil solicitó el 4 de enero de 2015 una licencia para una gasolinera. Los servicios técnicos dieron el visto bueno para que el equipo de Gobierno cumpliera la formalidad de otorgar la licencia. Sin embargo, el Gobierno municipal, entonces en manos del PP, no concedió el permiso y sí aprobó, con el apoyo del PSOE, una moratoria por diez años para no instalar más estaciones de servicio.

En Leganés, un municipio de 180.000 habitantes hay tan sólo nueve gasolineras, de las proporciones más reducidas de la Comunidad de Madrid. Hay más de veinte peticiones para abrir nuevas estaciones de servicio.

Informe crítico

Esta decisión de establecer una moratoria provocó que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) hiciera un informe crítico en el que destacaba que no hubiera ninguna gasolinera independiente en la localidad.

El entonces concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Recuenco, dijo en una entrevista a la revista Estaciones de Servicio: “Leganés quiere que aparezcan nuevas estaciones de servicio, pero quiere que se haga de manera ordenada. A veces con los procesos de liberalización aparecen piratas y eso no podemos permitirlo”. Añadió que la distribución de carburante “es una actividad peligrosa, no estamos hablando de vender Chupa Chups”.

En julio del año 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó lo artículos más importantes de la nueva ordenanza de gasolineras que aprobaron el PSOE y el PP, tras una denuncia presentada por el grupo independiente ULEG.

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