El juez que ha tumbado las medidas de Ayuso contra el covid trabajó para dos ministros del PSOE

El magistrado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid Alfonso Villagómez Cebrián ha rechazado ratificar la orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que incluía varias medidas preventivas ante el coronavirus, como la prohibición de fumar sin distancia de seguridad o el cierre de los locales de ocio nocturno.

El magistrado argumenta en un auto que el texto del gobierno regional con las nuevas restricciones se basa en otra del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "cuando, como es sabido, las normas y disposiciones generales tienen que ser publicadas para que sean de obligado cumplimiento para todos".

El Gobierno central ha trasladado que no era necesario publicar en el BOE la orden, pues es un acto administrativo dirigido a las distintas autonomías, que son las que deben publicar de forma oficial esas instrucciones preventivas. Por su parte, el magistrado ha desestimado la petición de aclaración formulada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre el alcance del auto y le reprocha que "no corresponde a este juzgador, ni a ningún otro órgano jurisdiccional, 'cogobernar' con el Consejo de gobierno. 

Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, fue nombrado en 2004 miembro del gabinete del exministro socialista Juan Fernándo López Aguilar y continuó hasta 2008 con Mariano Fernández Bermejo, que acabó dimitiendo tras participar en una cacería junto al juez que instruía el caso Gürtel, Baltasar Garzón. Ingresó en la carrera judicial en 1990 con primeros destinos en Jaca y El Escorial. Ascendió a magistrado en 1996 en Bilbao y trabajó en los juzgados de Sevilla, Guadalajara y en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. También fue asesor del Defensor del Pueblo en 1994 y fue letrado del Tribunal Constitucional entre 1998 y 2001.

Habitual colaborador en distintos periódicos, publicó un artículo en el Faro de Vigo alabando el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Con ella "no tengo dudas de que veremos a un Ministerio Público todavía más comprometido, si cabe, con la defensa de la legalidad y de los derechos de la ciudadanía", exponía. Una información de El Correo Gallego asegura que la extitular de Justicia había intentado incorporarlo como 'número tres' de su equipo.

En otro reciente artículo, Villagómez Cebrián se felicita por la llegada de Juan Carlos Campo al ministerio de Justicia. "Hay que esperar de él una exitosa tarea ahora en el Gobierno de España. Todos aquellos que nos dedicamos a la Administración de justicia debemos felicitarnos y alegrarnos por este nombramiento", apuntaba. En 2013 figuró en la lista de candidatos a vocales del Consejo General de Poder Judicial. También se mostró crítico con la politización del órgano de gobierno de los jueces. En 2018 optó a integrar el Comité de Ética Judicial del CGPJ y es hijo de un magistrado del Tribunal Supremo ya jubilado.

Recusado por el PP

En 2011 fue recusado por el Partido Popular en un caso donde debía resolver si un sorteo que decidió la alcaldía de la localidad de Os Blancos fue válido o no. El PP y APGa habían empatado a votos después de que un problema con una papeleta y los populares se llevaron el bastón de mando a través de un sorteo. Estos últimos hacían referencia a una información en la que se aseguraba que el magistrado había recibido una oferta para integrarse en la candidatura del PSOE a la alcaldía de Vigo, con Abel Caballero.

En otro de sus artículos publicados en la presa se declara "feminista" y asegura que participó en la manifestación del 8 de marzo en las calles de Madrid. También ha escrito numerosos textos en otros periódicos como Infolibre, eldiario.es, El País o El Mundo, donde se muestra crítico con la ley de seguridad ciudadana, apodada por sus detractores como 'Ley mordaza'. En 2014 se vio envuelto en un caso de plagio por uno de sus artículos sobre la figura del aforamiento en el diario de Prisa. 

Asimismo, el magistrado no se muestra partidario de la vía punitiva desplegada por el Ministerio del Interior durante la pandemia. En una reciente entrevista con el periódico La Región señalaba "que en el ámbito de un estado de alarma la represión sancionadora quizá no sea la técnica administrativa más indicada". "Ante una situación de alarma en la salud pública es más indicado hacer recomendaciones e instruir a los ciudadanos del peligro concreto que se cierne para su salud y de los medios para evitarlo", añadía.