El juez del conocido como caso Dina ha decidido pedir a la Policía un informe pericial informático sobre la tarjeta del móvil que fue presuntamente robado a la exasesora de Podemos Dina Bousselham antes de citarla para ver si exime de responsabilidad al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Tras pedirle el Tribunal Supremo que agotase la investigación, el magistrado solicitó a la Policía Científica que informase sobre la "viabilidad técnica" de acceder a la tarjeta de móvil de Bousselham, presuntamente sustraído en 2015 y cuya información apareció en poder del excomisario José Villarejo, a quien el juez ha dejado este miércoles en libertad provisional.

Ahora, en un auto del pasado 1 de marzo y al que ha tenido acceso Efe, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón va más allá al pedir una ampliación de la pericial informática sobre la tarjeta de Bousselham para aclarar una serie de extremos.

Quiere saber las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro o inservibilidad de los archivos, si éstos se pueden recuperar y la fecha del último acceso.

"Tan pronto como se reciba" esta diligencia, indica, citará a los peritos que elaboraron un informe sobre los daños de la tarjeta y a Bousselham, que fue muy crítica con el juez en su último escrito por, dijo, su "interés desmedido y no disimulado" en inculparla a ella o a Iglesias.

La Policía ya comunicó que para acceder a la tarjeta se necesita una "intervención física y directa", con el consiguiente "riesgo" que pueda suponer, y que se utilizarían "técnicas de tipo invasivo, que pueden conllevar la destrucción o inutilización del vestigio".

Es decir, que "cualquier intento de acceso a la información contenida en esta tarjeta supone el que ésta pueda verse dañada irremediablemente para su análisis presente o futuro."

Técnicamente viable

Comprende el juez que la Policía no puede asegurar que el resultado de la intervención "sea exitoso" y los daños que podrían derivar de la misma, si bien entiende también que, según lo dictaminado por el informe, "resulta técnicamente viable instar la práctica de la diligencia".

"El riesgo de destrucción irremediable de la tarjeta no alcanza a superar la utilidad que, en orden a la exhaustividad impuesta por el Tribunal Supremo, resulta exigible para el esclarecimiento de los hechos investigados", sostiene el juez.

García Castellón pidió al Supremo imputar a Pablo Iglesias, pero el tribunal lo rechazó y le instó a que agotase la investigación a través de una serie de diligencias, entre ellas el interrogatorio de Bousselham para comprobar si denuncia o exime a Iglesias por examinar el 20 de enero de 2016 el contenido de la tarjeta y guardarla después.