La juez que investiga al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por autorizar manifestaciones como la del 8-M insiste en que es “clave” saber desde cuándo supo el dirigente “que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio del coronavirus”. Así lo sostiene en el auto emitido este martes en el que responde a la Fiscalía y la Abogacía del Estado que va a seguir investigando.

La magistrada del Juzgado número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, incluye este argumento al explicar por qué encargó un informe forense. “Permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa (entre el 5 y el 14 de marzo) de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio de la covid-19 y también determinar desde cuando se tiene ese conocimiento”. La conclusión del forense fue que en el Gobierno supieron de la amenaza que se avecinaba desde finales de febrero.

A su juicio, esa información “es clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia". El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, está citado a declarar este miércoles en el Juzgado como investigado por un presunto delito de prevaricación. Para esta semana también están citados una decena de testigos, entre ellos el responsable del departamento de riesgos laborales de la Delegación, que admitió a la Guardia Civil que eran conscientes del riesgo de contagio desde el mes de febrero. 

Solo investiga al delegado

El auto hace un resumen de los límites de esta investigación: “Se circunscribe única y exclusivamente a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 por el delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, tanto de toma de conocimiento de concentraciones/manifestaciones como de no prohibición de aquellas sobre las que previamente ya había tomado conocimiento”. “Todo ello en relación con la crisis sanitaria derivada de la covid-19”, añade.

La juez también considera “útiles” cualquier “recomendación, instrucción u orden dada por el delegado del Gobierno al personal a su cargo en relación con la covid desde el 1 de febrero hasta el 14”, fecha en la que se decretó el estado de alarma en toda España. “Permiten determinar el grado de conocimiento y alerta del investigado y ello puede ser relevante para valorar las decisiones que adoptó en materia de concentraciones y manifestaciones”, precisa.

Es un auto de 17 folios en el que la juez responde a los escritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que pedían el archivo de la causa. En sus argumentos, tanto el ministerio público como los servicios jurídicos del Estado se mostraban especialmente críticos con la magistrada a la que acusaban, entre otras cosas, de generar indefensión y de haber vulnerado el estado de alarma al investigar con celeridad pese a la paralización de la Justicia por causa de la pandemia sin capacidad de recurrir sus decisiones.

Fernando Simón

Rodríguez Medel se defiende y dice que tuvo que imponer plazos a los organismos para que le remitiesen la documentación solicitada porque cuando iban los agentes de la Guardia Civil, les negaban la información. “Ha resultado eficaz”, celebra la juez. “Lo que inicialmente no era especialmente urgente, devino en serlo si se quería poder recabar toda la documentación para hacer una análisis global”, dice al tiempo que señala especialmente al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón.  Según dice, este organismo fue uno de los que le negaba la información a la Guardia Civil a pesar de que “la documentación ya estaba recabada” por sus trabajadores. 

La Abogacía del Estado reprochó al Juzgado esta celeridad o que hubiese dictado un auto en domingo. La juez replica en su auto que lo hizo porque ese día estaba su Juzgado en funciones de guardia. En cualquier caso, reitera que la Justicia se ha ralentizado durante el confinamiento pero no se ha paralizado y que este tipo de investigaciones por procedimiento abreviado.

Respuesta a Fiscalía

Rodríguez Medel contesta a la Abogacía del Estado que se queja de la celeridad cuando sus decisiones afectan al delegado del Gobierno, pero no ha hecho objeciones cuando han ido en contra de las acusaciones. En los mismos términos se dirige a la Fiscalía destacando la salvedad de que, en su caso, José Manuel Franco no es su defendido. 

La Fiscalía, por su parte, se quejó de que la paralización de la Justicia había impedido a las partes recurrir las decisiones de la juez. Rodríguez Medel responde que ha sido el ministerio público el que voluntariamente ha “optado por demorar la presentación”. “Se acogieron a la posibilidad de hacerlo hasta cuando se alzaran los plazos”, señala el auto.