El magistrado que investiga el caso de Tsunami Democràtic ha imputado por delito de terrorismo a Marta Rovira, secretaria general de ERC, y otras 10 personas más en el procedimiento. Del mismo modo actúa contra el expresidente catalán Carles Pugidemont, de quien destaca su "rol de liderazgo", si bien a este le ofrece comparecer voluntariamente ya que, por su condición de aforado en calidad de parlamentario europeo, no le puede citar como investigado directamente.
El instructor actúa de esta forma tras incorporar un informe de la Guardia Civil que implica a parte de la cúpula de ERC y Junts detrás del nacimiento del movimiento radical y también de sus actuaciones violentas. Al respecto alude a una conversación que mantuvo Carles Puigdemont con el empresario Josep Campmajó sobre las revueltas de esta plataforma, tal y como informó este medio el pasado sábado.
Del mismo modo el juez cita como testigos al líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi y a la portavoz de ERC en el momento de los hechos, Marta Vilalta, para que esclarezcan si las reuniones en Ginebra en las que participaron tienen relación alguna con la organización del movimiento.
Además de Puigdemont y Rovira, el juez imputa en la causa al asesor del expresidente catalán y mano derecha suya en Bélgica, Josep Lluís Alay, a los empresarios Oriol Soler, Xavier Vendrell, Josep Campmajó, a Marta Molina Álvarez, a Jesús Rodríguez Sellés, al contable de Puigdemont y responsable de la financiación de Tsunami, Jaume Cabani, a Oleguer Serra y Nicola Flavio.
El caso Tsunami, pendiente de la amnistía
En la lista del magistrado se incluye también Rubén Wagensberg, diputado de ERC y cuarto secretario del Parlament, a quien se le atribuye la redacción de los comunicados de Tsunami Democràtic. Al igual que ocurre con Puigdemont, el instructor le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente en la Audiencia Nacional, hasta que no se libre el correspondiente suplicatorio.
La finalidad esencial de Tsunami era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva
Al respecto el magistrado cierra la puerta a trasladar la parte de la causa que afecta a Wagensberg al Tribunal Supremo -que sería el competente por su condición de aforado-. Según explica, no procede en este momento realizar la exposición razonada, sino que es conveniente investigar toda la causa de manera conjunta y decidir una vez que se haya agotado la instrucción.
Con las imputaciones de este lunes el juez ha dado un golpe de efecto a un procedimiento que nació en la Audiencia Nacional en 2019 a tenor de las actividades violentas que Tsunami Democràtic llevó a cabo en el aeropuerto de El Prat o los cortes de carretera en la AP-7, a la altura de la Junquera, en protesta por la sentencia del procés. Las diligencias se han seguido en su práctica totalidad bajo secreto de sumario, de manera que hasta el momento no había imputaciones formales en las diligencias.
"Rol de liderazgo de Puigdemont"
La Guardia Civil fue destapando en sus informes los vínculos de Tsunami con personas de máxima confianza de Puigdemont -como Alay- y también de la cúpula de ERC. Sin embargo no ha sido hasta su informe final, conocido el pasado viernes, cuando ha desvelado mensajes que implican directamente a Carles Puigdemont y también a Marta Rovira. Con todo, cabe recordar que la causa sería una de las que acabarían en punto muerto al incluirse los hechos en la ley de amnistía cuyos flecos negocia el Gobierno con Carles Puigdemont.
De él dice destaca un mensaje que se intercambió con Campmajó en aquel 2019 sobre el peligro de que hubiera víctimas mortales durante los disturbios de Tsunami. Al respecto, el empresario le comunicó que de cara a una protesta concreta tenía a su gente "bien distribuida" aunque le alertó de la inacción del entonces presidente Quim Torra. "Nos estamos equivocando de estrategia comunicativa en extremo (...). Estamos a un paso de perder el control absoluto del territorio. O tú y Tsunami tomáis en control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas", dijo.
Puigdemont le respondió elogiando la acción del movimiento en el exterior y advirtió de que perderían su batalla independentista si moría alguien. "La imagen exterior no es tan dramática como se ve en el interior. De
momento, la opción generalizada es que hay una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas y que los disturbios son importantes. El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perdemos", dijo.
Además, el juez alude también a otra reunión que se celebró en Ginebra en agosto de 2019, tres meses antes de conocer la sentencia del procés. La fecha es clave para los investigadores ya que pondría de manifiesto que Tsunami no nació como una reacción espontánea a la condena del Tribunal Supremo, sino que estaba planificada. Sobre ello alude a una cita en la agenda de Alay sobre una reunión en Ginebra de Puigdemont con uno de Cabani, otro de los imputados en la causa.
"Subvertir el orden constitucional"
El magistrado apunta que este auto fija "un marco inicial de imputación", aunque deja claro que de las investigaciones practicadas hasta el momento se puede concluir que Tsunami tuvo como finalidad principal "subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".
Por ello, además de las imputaciones acordadas, oficia a la Policía Judicial para que identifique a los perjudicados de las acciones de la plataforma, así como para que informe del fallecimiento de un turista francés que tuvo lugar en el aeropuerto de El Prat en aras a esclarecer si guarda relación con la ocupación masiva del 14 de octubre de aquel 2019. Del mismo modo también se pide investigar si hubo heridos en los altercados y si los manifestantes emplearon armas "u otros instrumentos".
Al respecto no ha tardado en pronunciarse Carles Puigdemont, que ha calificado el movimiento judicial como parte del "golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir, sea con sables o sea con togas". Según el expresident, "mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá el hedor de alcantarilla".
