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El juez imputa a la exministra Laya por la entrada en España de Brahim Ghali

El magistrado le cita como investigada tras escuchar al que fuera director de su gabinete que dijo que acató órdenes de la exministra y que le pidió discreción porque Marruecos desconocía la operación

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La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

El magistrado Rafael Lasala ha citado en calidad de investigada a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya en el procedimiento abierto por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, según han confirmado fuentes jurídicas a Vozpópuli. El instructor acuerda su imputación tras escuchar en sede judicial al que fuera jefe de su gabinete, Camilo Villarino, el cual explicó que dio órdenes sobre el operativo de su llegada porque así se lo trasladó la responsable del departamento de Exteriores.

La decisión del instructor se produce a tenor de la petición formulada por las acusaciones del procedimiento, que consideraron necesario la citación de Laya para esclarecer si se produjo alguna irregularidad en la entrada del líder Polisario en España el 18 de abril. La acusación que lidera el abogado Juan Carlos Navarro también solicitó la testifical de la exjefa de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

En su declaración ante el juez, Villarino señaló que las órdenes que se dieron sobre su aterrizaje en Zaragoza fueron verbales y que Ghali entró en el país con pasaporte diplomático argelino. También explicó que no era necesario que pasara por el trámite de aduanas y que la exministra le dijo que tenía que ser "discreto y reservado" con esta gestión teniendo en cuenta que terceros países -en referencia a Marruecos- desconocían este operativo.

Las partes que litigan en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza explicaron que esta confesión confirmaba el conocimiento "del uso de la documentación falsa de Brahim Ghali, la actitud de encubrimiento del investigado y la acción de prevaricación de este montaje contrario a la ley". Y, por ello, pidieron la imputación de la entonces máxima responsable de la diplomacia española.

Actuar con "discreción"

A ello hay que añadirle además los whatsapps incorporados a este procedimiento que se intercambiaron Villarino y el teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez en relación a su aterrizaje en la base militar de Zaragoza. En las comunicaciones, Villarino le dijo que Ghali (que fue trasladado a un hospital de La Rioja al estar enfermo grave de covid) viajaba con pasaporte diplomático argelino y que su acompañante tenía "algún tipo de permiso de residencia. "En todo caso, esto no es un problemaQuien lo tiene que saber ya lo sabe", le trasladó.

En su respuesta, el teniente general -que declaró como testigo en la causa- dijo que "todo" había "sido discreto". Al respecto cabe recordar las declaraciones prestadas por escrito por el general jefe de la Base Aérea, José Luis Ortiz-Cañavate, que ratificó que el avión en el que viajaba Ghali no pasó los controles de pasaporte y aduanas por orden directa de Exteriores.

Una versión que puso en entredicho a la mantenida en todo momento desde el Ejecutivo acerca de que Ghali entró en España utilizando su propio pasaporte. También negaron que empleara documentación falsa, si bien su ingreso en el centro de La Rioja se hizo bajo el nombre ficticio de Mohamed Benbatouche. Allí permaneció desde el 18 de abril hasta el 1 de junio, día en que, tras declarar por videoconferencia en la Audiencia Nacional, abandonó el hospital camino de la base aérea de Pamplona. Partió de vuelta a Argelia ya la madrugada del 2 de junio.

Ninguna orden escrita

Su presencia en España no solo desató una crisis diplomática sin precedentes sino que impulsó la apertura de dos procedimientos penales; uno en La Rioja y otro en Zaragoza. El magistrado al frente de este último adhirió las diligencias de Logroño y se centró en investigar si hubo irregularidades en la llegada del líder Polisario ante un posible delito de falsedad documental.

Los testigos preguntados por este asunto confirmaron que la base de Zaragoza acató órdenes de Defensa. El teniente general Fernández Sánchez respondió que esas órdenes venían directamente del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Exteriores. De este modo el magistrado Lasala comenzó a estrechar el cerco en torno al equipo de González Laya. Antes de citarle como investigado, se dirigió a Villarino para que, por escrito, confirmara si era cierto que estas instrucciones fueron exclusivamente telefónicas.

El exdirector de gabinete de Laya confirmó ese extremo pero negó irregularidades. En el documento que obra en el sumario, Villarino explicó que en Exteriores no existía ningún expediente administrativo y que él mismo comunicó al teniente general que no era necesario que se siguiera el trámite de aduanas o de inmigración. "Quien suscribe le contestó que no era preciso, siendo esta respuesta perfectamente coherente tanto con la práctica establecida como con la legislación vigente aplicable", apuntó.

El avance de las diligencias provocó que el juez ampliara la investigación y pidiera que se esclareciera cómo se efectuó el traslado de Ghali a La Rioja en ambulancia medicalizada y también el operativo relativo a su salida. Sobre este último punto la Policía de Navarra aclaró que el también presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) abandonó el país sin que se le solicitara ninguna documentación. Sobre este asunto los agentes aclararon que se le autorizó la salida porque era voluntaria.

 El Reglamento de Extranjería recoge, en su artículo 20 que se podrán realizar salidas, con documentación defectuosa o incluso sin ella, si no existiese prohibición ni impedimento alguno a juicio de los servicios policiales de control. El oficio recordó que ese mismo día Ghali había sido interrogado por el magistrado Santiago Pedraz el cual, tras escucharle, decidió dejarle en libertad provisional sin medidas cautelares.

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