'Caso Villarejo'

El juez da el primer paso para arrebatar a la Fiscalía la investigación sobre Juan Carlos I

El magistrado Manuel García Castellón considera que la causa que inició Suiza y que ahora tiene el ministerio público del Tribunal Supremo está relacionada con la pieza separada 'Carol', que este lunes ha reabierto en la Audiencia Nacional

Juan Carlos I y Corinna Larsen.
Juan Carlos I y Corinna Larsen.

La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de reabrir la pieza separada del caso Villarejo denominada Carol, en la que se investiga la presunta contratación del excomisario por Corinna Larsen, supone un primer paso para arrebatar a la Fiscalía del Tribunal Supremo la dirección de las pesquisas sobre la fortuna oculta de Juan Carlos I en Suiza, según se desprende del auto de 27 de julio.

En esta resolución el instructor considera que "los delitos objeto de investigación ante la Fiscalía del cantón de Ginebra de la Confederación Helvética sí guardaban conexidad con los investigados en este procedimiento".

Es decir, García Castellón avanza que las pesquisas que está desarrollando en Suiza el fiscal Yves Bertossa sobre las fundaciones Lucum y Zagatka, bajo cuyos nombres escondía Juan Carlos I en bancos de este país el dinero que habría recibido de Arabia Saudí y de una filial mexicana de la constructora OHL, sí tienen relación con la investigación que ha reabierto sobre Larsen.

Desde Suiza

En este sentido, el juez recuerda en su resolución que "desconoce la suerte del procedimiento abierto en la Fiscalía del cantón de Ginebra, y la valoración que se pudo inferir a partir del material enviado" a Suiza en una comisión rogatoria en la que las autoridades españoles aportaron información sobre la actuación de Corinna Larsen.

Corinna aseguró en una carta en 2019 que el emérito le pidió que le devolviera los 65 millones
Corinna aseguró en una carta en 2019 que el emérito le pidió que le devolviera los 65 millones Europa Press

Aunque tras mantener una conversación con el representante del ministerio público suizo, el instructor asegura haber tenido conocimiento de que las autoridades suizas remitieron "parte del material que integraba la investigación" a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pero no a la Audiencia Nacional: "Desconociéndose, por tanto, hasta que punto resultan coincidentes con los hechos que nutren esta causa las pesquisas mantenidas tanto en Suiza, como ante la Fiscalía española".

Por eso, la principal consecuencia de las conclusiones que se plasman en el auto será que el instructor reclame las pesquisas al fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que en virtud del artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deberá cesar "en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos".

Personas implicadas

En la resolución, el instructor también apunta que las pesquisas sobre un supuesto encargo realizado por Corinna Larsen a Villarejo, para que presuntamente investigara si una de sus empleadas, de nacionalidad española, estaba filtrando información sobre su vida privada, también podría dar lugar "al descubrimiento de hechos distintos de aquellos que dieron lugar a la incoación del proceso y/o a la implicación de personas distintas de aquellas sobre las que inicialmente recayeron las sospechas".

Villarejo
Villarejo

De esta forma, si en las pesquisas sobre Larsen el instructor descubriera conductas irregulares de Juan Carlos I después de su abdicación el 18 de junio de 2014, García Castellón debería investigar estos hechos. Y si tuvieran la consideración de delito, el titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional estaría obligado a elevar una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, órgano judicial ante el que está aforado el rey emérito.

La decisión de reabrir la causa sobre Larsen la adopta el magistrado en contra del criterio del ministerio público que también ha rechazado que las pesquisas que lleva a cabo el fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos tengan relación con el caso Villarejo.

Por eso, García Castellón concluye su auto reclamando al Ministerio Fiscal su opinión sobre su decisión de reabrir la causa: "Vista la discrepancia aludida, se acuerda dar al ministerio público a fin de informar sobre la existencia de conexidad delictiva, así como de competencia de la jurisdicción española de los hechos", finaliza la citada resolución.

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