La juez investiga la identidad de los dueños de Plus Ultra y el número real de aviones

La magistrada que investiga el rescate de Plus Ultra ha acordado una nueva batería de diligencias en aras a esclarecer los pormenores de la ayuda estatal de 53 millones de euros. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha reclamado a la aerolínea y a los accionistas que la integran que presenten el acta de titularidad real de las acciones, mientras que a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea le pide que informe sobre el número de aviones que integran la flota.

Así lo recoge en un auto del pasado 17 de mayo al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que admite la querella interpuesta por Vox. La formación que lidera Santiago Abascal solicitó al juzgado que ampliara la denuncia inicial de Manos Limpias y le permitiera figurar como acusación popular. El sindicato atribuyó al consejo de administración de la SEPI delitos de malversación y tráfico de influencias al considerar que la ayuda otorgada era irregular. Ahora Vox se suma a este procedimiento y logra que se amplíen los delitos a cohecho y contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones.

La instructora, que advierte que acordará las diligencias que sean necesarias en el marco de esta investigación penal, da luz verde a la petición de Vox para incluir más información a la causa. Si en un primer momento solicitó el expediente completo tramitado en la SEPI para conceder la ayuda de 53 millones de euros, ahora da un paso más y requiere a este organismo público las actas del consejo rector, los informes de la Comisión de Evaluación y los expedientes de todas las solicitudes que concurrieron al otorgamiento de esta ayuda.

Los querellantes denunciaron que el Gobierno calificara esta aerolínea como estratégica cuando opera con el 0,03% de los vuelos en España y registra números rojos desde su creación en el año 2011. En concreto, Manos Limpias apuntó a unas pérdidas de 10 millones de euros, motivo por el cual ahora la instructora pone el foco en el número de aeronaves con las que cuenta Plus Ultra así como las operaciones realizadas entre 2018 y 2021.

La sombra de Venezuela

También recurre a Snip Aviation S.L y Sky Solution S.L, a quienes reclama las actas de titularidad y su participación en la compañía. De acuerdo con los datos del registro mercantil, los empresarios venezolanos accionistas poseen el 56,8% de los títulos de Plus Ultra. En lo que respecta a Snip Aviation se atribuye a tres empresarios bolivarianos (Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif El Arigie Harbie) que contralarían el 47,23% de la aerolínea. El registro también recoge que la sociedad Fly Spain (propiedad de Reyes Rojas) poseía el 11,47% de la aerolínea a cierre de enero del pasado año.

Igualmente, Collazos libra oficio a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social a fin de que remitan las declaraciones trimestrales de IVA, pago de impuestos y el certificado de deudas. Se trata de un paso previo antes de seguir adelante con la causa que pone el foco en el consejo de administración de la SEPI. El mismo lo integra el vicepresidente del ente (y presidente en funciones cuando se aprobó el rescate), Bartolomé Lora, y otros 14 vocales más, entre los que se encuentran altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Suplicatorio al Supremo

Así, mientras la Abogacía General del Estado se opuso a seguir con la causa y descartó cualquier viso de irregularidad, las acusaciones sostienen que debe indagarse los pormenores del expediente. De hecho, el Partido Popular, a quien la magistrada admitió la personación también como acusación, reclamó al juzgado que incluyera las cintas del caso Delcygate en este procedimiento para evitar su destrucción. La defensa de la formación remitió un escrito en el que advertía de vínculos entre la presencia en España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el rescate de la aerolínea.

A falta de respuesta, el juzgado por el momento ha dado luz verde a las acusaciones populares aunque ha solicitado tanto al PP como a Manos Limpias que presenten querella en un plazo de diez días para poder litigar en la causa. Así lo recoge en otra providencia separada a la que ha tenido acceso este diario y en la que libra suplicatorio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que informe a este juzgado de Plaza Castilla acerca de la querella también presentada por Vox contra los miembros del Ejecutivo (en calidad de aforados) por la aprobación del rescate de Plus Ultra en el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo.