Caso Púnica

El juez confirma "indicios de criminalidad" en el contrato que adjudicó Cifuentes

Manuel García-Castellón rechaza archivar la causa contra una funcionaria que no apreció, "por ignorancia o con intencionalidad, la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de Cristina Cifuentes"

La presidenta regional, Cristina Cifuentes
La presidenta regional, Cristina Cifuentes EFE

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso 'Púnica', Manuel García-Castellón, se ha negado a archivar la imputación de la jefa del servicio jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana Recoder, al considerar que la actuación de esta funcionaria, que participó junto a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en la adjudicación del contrato del que se benefició el empresario Arturo Fernández, mantiene los "indicios de criminalidad" por los que fue inicialmente investigada, según consta en un auto de 6 de abril, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Entre los "indicios de criminalidad" detectados en la adjudicación de la Asamblea de la Comunidad de Madrid de los servicios de restauración de 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco, el juez destaca que Recoder actuó como miembro del comité de expertos, del que también formaba parte Cristina Cifuentes, al mismo tiempo que fue la letrada de la Asamblea de Madrid que elaboró el informe jurídico para aprobarlo.

En este sentido, García-Castellón resalta que Tatiana Recoder no apreció, "sin que pueda determinarse aún si por ignorancia o con intencionalidad, la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de Cristina Cifuentes".

"De antemano"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vio indicios de los delitos de cohecho y prevaricación en el papel de Cristina Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid, que se pudieron decidir "de antemano", según un informe dirigido a la Audiencia Nacional.

Además, los agentes consideran que el contrato pudo haber sido amañado a cambio del pago de diferentes cantidades a la fundación del PP denominada Fundescam, en cuyo patronato figuraba Cifuentes, y en la que Esperanza Aguirre era su presidenta hasta que fue sustituida por la diputada regional Gádor Ongil.

Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, en una foto de archivo.
Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, en una foto de archivo. Efe.

El trabajo policial destaca que Cifuentes presidió las mesas de contratación de las licitaciones de los contratos públicos mencionados, a la vez que participaba como componente de los comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas de los licitadores.

"Arbitrariedades"

Por todo ello, el informe policial concluye que estos contratos "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".

En el procedimiento permanecen imputados Tatiana Recoder y Arturo Fernández, adjudicatario del contrato de explotación del restaurante de la Asamblea de Madrid, ubicado en el barrio de Vallecas. Cifuentes no está imputada en la causa.

En el auto del 6 de abril, el juez relata que los motivos y causas que motivaron la investigación judicial "se mantienen", al mismo tiempo que destaca que los hechos que se instruyen tienen "gran complejidad y calado", y que las pesquisas que se llevan a cabo establecerán "las potenciales imputaciones".

Cifuentes siempre ha defendido la legalidad de su actuación: "Ningún juez ni ningún fiscal me ha acusado de nada", llegó a asegurar en una intervención en el Parlamento madrileño.



Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba