El juez instructor Ignacio Munitiz, al frente del juzgado número 5 de Cartagena, ha pedido a Ciudadanos que le entregue la lista de miembros del Comité de Garantías que certificaron el proceso de la primarias internas en Murcia, celebradas en marzo de 2019 y que están bajo investigación judicial desde entonces.

En una providencia emitida el pasado 20 de abril, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado da diez días a la formación naranja para que le entregue la lista del Comité de Garantías de Ciudadanos, que por aquel entonces estaba presidida por Jesús Galiano. Se trata de la primera vez en la que Munitiz da un paso de estas características contra dirigentes de la dirección nacional.

"Debe constar la filiación, el cargo que ocupa y las funciones que realizó en relación a su participación en las primarias. Una vez aportado, se dará traslado a la fuerza policial peticionaria", afirma el juez instructor refiriéndose al grupo de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional en Murcia.

Además, el juez ha requerido a la empresa Lazarus Technology que aporte, también en diez días, el listado "completo" de las personas asociadas a cada uno de los ‘identificadores de voto’; es decir, aquellos militantes que participaron en las primarias murcianas. Para evitar dudas, Munitiz deja claro a Lazarus que "cada identificador de voto quede explícitamente asociado con cada votante real, el cual fue emisor del voto en cuestión".

Por último, el magistrado instructor desestima la petición de la UDEF de que Ciudadanos aporte los contratos con Lazarus, al considerar que esa documentación “no aportaría ningún tipo de información para el esclarecimiento de los hechos que se están investigando”.

La UDEF acusa a Ciudadanos

Cuatro días antes de este oficio, la UDEF entregó un informe al juez en el que acusó a la formación naranja de "poca colaboración" en las pesquisas, al dilatar los plazos de entrega de la información requerida y suministrar datos incompletos junto Lazarus Technology, la empresa a la que recurrió tras judicializarse el caso.

La investigación se inició en julio de 2019 tras la denuncia del candidato perdedor en aquellas primarias, Leonardo Pérez, frente a Isabel Franco, actual vicepresidenta del Gobierno regional. La UDEF señaló que, pese al tiempo transcurrido, aún no dispone "de la información necesaria e imprescindible". Para el esclarecimiento de los hechos, todo pasa por enlazar el número de identificador de voto, que se generó con cada voto emitido en las primarias murcianas, con cada votante real. Es decir, el afiliado de Ciudadanos con su nombre y apellidos.

Una información que tanto Ciudadanos como Lazarus se resisten a entregar en su totalidad. Por ejemplo, la formación naranja escurre el bulto al subrayar “la imposibilidad de poder aportar la información directamente desde el partido, pues tales evidencias están en posesión de la empresa Lazarus Technology”.

Si Ciudadanos hubiera querido descubrir cualquier tipo de irregularidad en tales primarias, hubiera entregado en la mayor brevedad posible lo solicitado", según la UDEF

Y cuando la UDEF ha preguntado a esta empresa de tecnología, las evasivas y datos fragmentados han sido la tónica en las respuestas. En la documentación que Lazarus entregó el septiembre de 2020, los investigadores advirtieron al juez de una demora que se debe "a la clara intención de dificultar la investigación". Como consecuencia de ello, "se ha propiciado la pérdida de información" por parte de Lazarus, "la cual ya no puede ser utilizada por parte de este Grupo de Investigación".

Los investigadores fueron más duros con la formación naranja ya que "sí hubiera estado interesado en descubrir cualquier tipo de irregularidad en tales primarias, hubiera entregado en la mayor brevedad posible lo solicitado por su Juzgado y no dilatar en el tiempo la entrega de dicha información, utilizando para ello a la empresa Lazarus Technology, a fin de que realizara un informe en el contexto que a ellos les interesaba, y que no era otro que desacreditar cualquier tipo de prueba asociada a los hechos denunciados".

Cs entregó los datos "a un tercero"

La clave se produjo al inicio de la investigación hace menos de dos años, cuando Ciudadanos, "en vez de facilitar toda la información relativa a las votaciones realizadas en las primarias", decidió entregar "toda esa información a un tercero", la citada Lazarus, para que analizara "las posibles irregularidades que pudieran encontrarse en el sistema de votación utilizado".

La compañía informática obtuvo los datos gracias a una "copia directa" desde el equipo de Cs, así que la formación de Inés Arrimadas “sí que tendría acceso a los datos relacionados por las IPs” cuando se le solicitó inicialmente, a juicio de la UDEF. Pero la entrega de dicha información se hizo a Lazarus.

"Fue una forma de demorar la entrega de dicha información o de utilizar un pretexto para no entregarla", alertó la UDEF al juez sobre el 'modus operandi' de Ciudadanos, "con el único propósito de lograr que la información relacionada con las IPs no pudiera ser utilizada por este Grupo de Investigación y así con datos objetivos, esclarecer los hechos investigados".