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España

El juez del 'caso Villarejo' declara "incompatible" que Iglesias y Bousselham compartan abogada

La Policía investiga si Iglesias inutilizó de forma intencionada la tarjeta de Bousselham

El juez que investiga el caso Villarejo en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, considera "incompatible" que la letrada Marta Flor Núñez siga representando legalmente en la causa a Pablo Iglesias y a Dina Bousselham, exasistente de Podemos en el Parlamento Europeo.

El magistrado ha requerido a Bousselham "que designe un abogado de su confianza ante el conflicto de intereses por compartir letrado con Pablo Iglesias". Según ha precisado en un auto, recogido por Vozpópuli, ha alegado que su "obligación" como juez instructor es "garantizar la efectividad de los derechos de quienes acuden al proceso y, en este caso concreto, garantizar la pretensión de Dina Bousselham en su legítimo derecho a ejercer la acción penal y esclarecer el delito".

En una providencia de 2 de junio, el magistrado ya había avanzado su opinión de que la presencia en la causa de esta letrada como representante legal del vicepresidente segundo del Gobierno, al que ya no considera perjudicado por la actividad del excomisario José Manuel Villarejo, es incompatible con la defensa de Dina Bousselham, la persona a la que se le robó el teléfono móvil.

En su escrito dirigido al juzgado, Bousselham acusaba al magistrado de haber realizado "valoraciones ajenas y que no pueden suplantar a esta parte sobre posibles e inexistentes intereses contrapuestos, que son negados" por ella, quien rechazaba que hubiera una colisión de intereses con Pablo Iglesias.

Policía Científica

En el mismo sentido, la Policía Científica analiza desde hace una semana el modo en el que fue destruida la memoria SD del teléfono robado a Dina Bousselham. Esta investigación será clave para determinar si Pablo Iglesias la inutilizó de forma deliberada, según explican a Vozpópuli fuentes jurídicas.

En concreto, el trabajo policial encargado por García Castellón pretende comprobar si la memoria fue destruida de forma expresa, como declaró el 18 de mayo la propia Bousselham; o por el contrario sufrió un deterioro compatible con el paso del tiempo, según indica un escrito firmado el 27 de mayo por la exasistente, y que fue enviado al Juzgado.

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