El magistrado Adolfo Carretero, instructor del conocido como 'caso Mascarillas', ha dado el primer paso para enviar a juicio al comisionista Alberto Luceño y a Luis Medina por su intermediación en la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid. Tras cerca de un año de diligencias judiciales, el instructor considera que hay indicios suficientes para juzgarles por estafa agravada y falsedad en documento mercantil y delito fiscal en el caso de Luceño.
En el auto por el cual finiquita la investigación y continua la tramitación por el trámite del procedimiento abreviado, explica que los dos investigados "en el peor momento de la pandemia" urdieron un plan para obtener "con la excusa del altruismo y ayuda al Ayuntamiento de Madrid el mayor beneficio posible a costa del erario municipal. La transacción consistió en la venta de mascarillas, guantes y test covid por 11,9 millones de dólares de los cuáles 6 se desviaron en comisiones. En concreto Luceño se embolsó cinco millones y Medina uno.
El juez, que en ningún momento ha querido actuar contra el Ayuntamiento de Madrid, explica que Luis Medina, "valiéndose de su condición de personaje público y famoso, por ser el hijo del Duque de Feria y de una afamada modelo y salir en las revistas del corazón" entabló contacto con el consistorio regional. En concreto lo hizo a través de María Díaz de la Cebosa, la cual había sido profesora suya en la Universidad y conocía al primo del alcalde. El primo de Martínez Almeida consiguió el contacto la Coordinadora General de Presupuestos Elena Collado, y a través de ella introdujo a Luceño en el consistorio.
Medina y Luceño ocultaron no solo su nula experiencia en temas de material sanitario, sino lo que es más grave, el hecho de que habían inflado el precio de los contratos
Luceño, a quien le atribuye también falsedad en documento público y delito fiscal, consiguió que el consistorio, a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios firmara tres contratos con la asiática Leno. Se acordó la compra de 1 millón de mascarillas; 2,5 millones de guantes de nitrilo y 250.000 test rápidos por una operación que costó un total de 11,9 millones de dólares.
Documentos falsos de San Chin Choon
"En el curso de las negociaciones Medina y Luceño ocultaron a la señora Collado no solo su nula experiencia en temas de material sanitario, sino lo que es más grave, el hecho de que habían inflado el precio de los contratos en un 60% en el caso de las mascarillas, un 81% en el de los guantes de nitrilo y un 71% en el de los test a causa de las elevadas comisiones fijadas", reza el auto del juez, el cual recuerda que los dos acusados cobraron seis millones pese a que gran parte del material suministrado era defectuoso.
Además, la investigación ha acreditado la "falsedad" de los documentos que aportó el comisionista Luceño, el cual incluso llegó a simular la firma de San Chin Choon, el dueño de la empresa que vendió las mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción sospechaba que Luceño pudo haber falseado unos correos que llegaron al juzgado en nombre del empresario asiático. Ante ello se acordó una entrada y registro en su domicilio y de sus empresas. Los agentes se incautaron además de documental diversa de este pelotazo de las mascarillas, un carnet del CNI falso.
"Aparte del hallazgo de documentos públicos y mercantiles falsos, se han encontrado instrucciones por escrito que Alberto Luceño da a San Chin Choon acerca de las respuestas que tiene que dar a la comisión rogatoria (...) lo que refuerza la falsedad de los mismos y el intento de ocultar el engaño que preside toda la operación de venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid", reza el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.
"Negocio criminal"
Además, también recuerda que Luceño no declaró los importes percibidos en 2020 en su declaración del IRPF de ese ejercicio ya que percibió estas cuantías a través de su sociedad Takamaka Invest S.L, la cual no estaba constituida en el momento de los hechos. Por ello se concluye que Luceño dejó de ingresar a Hacienda una cuota de 1,3 millones de euros.
Luceño fue el auténtico gestor del negocio criminal engañando al propio Medina en el reparto de comisiones y, por supuesto, ocultando con dolo al Ayuntamiento y elaborando documentación falsa para justificarlas
Al respecto el magistrado explica que, aunque se llegó a investigar a Luceño por blanqueo de capitales, finalmente el delito decae así como también el de frustración de la ejecución, porque no ocultaron el dinero percibido en comisiones, sino que lo invirtieron en sociedades o en bienes materiales como relojes, coches de lujo y un yate en el caso de Medina.
El magistrado divide los roles y determina que Medina debe ser juzgado por delito de estafa agravada y falsedad en documento mercantil en su condición de "facilitador e intermediario", mientras que a Luceño le atribuye los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento público y delito fiscal agravado. De él dice que fue el auténtico cerebro de este pelotazo de mascarillas que va terminar en el banquillo.
"Fue el auténtico gestor del negocio criminal en el que participó el investigado Luis Medina como facilitador, engañando al propio Luis Medina en el reparto de comisiones y, por supuesto, ocultando con dolo éstas al Ayuntamiento de Madrid y elaborando la documentación falsa para justificarlas, perjudicando al Ayuntamiento con las excesivas comisiones que fijó unilateralmente", sentencia el juez.
