El juez bloquea fincas a los Pujol después de que la familia le culpara de su desempleo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado bloquear cuatro fincas de la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol Soley por un plazo de cuatro años. La decisión tiene lugar después de que el clan culpara al magistrado del caso de dejarles "a todos sin trabajo por razón de la instrucción".

Según consta en un auto del 25 de octubre al que ha tenido acceso Vozpópuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha acordado la medida con el objeto de "garantizar las responsabilidades pecuniarias inherentes a los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad de documento mercantil".

Las propiedades a las que hace referencia el juez ya habían sido bloqueadas en 2015: una finca en Puigcerdá, Gerona, propiedad del Jordi Pujol Ferrusola; una que comparte el primogénito con su exesposa Mercé Gironés; de otra que figura a nombre de un presunto testaferro de la familia; y de una cuarta finca, ubicada en la calle Ganduxer de Barcelona, propiedad de Nuria Pujol Gironés, nieta del expresidente.

El magistrado a cargo de las pesquisas del caso Pujol ha ordenado la prórroga en el marco del artículo 86 de la Ley Hipotecaria. En él, se establece que las anotaciones preventivas caducan a los cuatro años, pero que pueden extenderse por cuatro años más siempre que el mandamiento sea presentado antes de que caduque el plazo.

"Estando próximo el vencimiento del citado plazo de caducidad (...) y continuando vigentes las circunstancias que justificaron la adopción de tales medidas, procede acordar su prórroga", consta en el auto. Es decir, los Pujol no podrán disponer, vender, gravar, obligar o enajenar los bienes de los que fueran titulares" hasta 2023.

"Ocultación de patrimonio"

Este no es el único plazo que ha decidido ampliar el juez. A finales de septiembre, se dio a conocer que la investigación del caso Pujol se extendería hasta marzo de 2021. La decisión respondía a la petición de la Fiscalía anticorrupción de ampliar el plazo al considerar que todavía había diligencias de prueba solicitadas que no han llegado. Se refería concretamente a dos comisiones rogatorias a Andorra y Luxemburgo. De su resultado, apuntó la Fiscalía, "pudieran derivarse la necesidad de practicar nuevas diligencias".

En autos anteriores, el instructor De la Mata aseguró que -según las pesquisas- los miembros de "la organización, a su vez integrantes de la familia Pujol Ferrusola", utilizaron "sistémicamente estructuras societarias y financieras tras las que parapetarse y ocultar sus identidades y su patrimonio". Para llevar a cabo dicha ocultación, explicó el magistrado, los Pujol recurrieron a "asesores legales, bancarios, societarios y fiscales, así como especialistas en territorios off shore y en diseño de estructuras societarias para pergeñar planes de ocultación y blanqueo; testaferros, fiduciarios, asesores, colaboradores e intermediarios en España y otros lugares".