El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso del 'Madoff catalán' está estudiando una posible imputación de Bankia en este procedimiento. El instructor ha requerido a la entidad que aporte su programa de cumplimiento normativo para esclarecer si fallaron los controles internos en relación a este asunto y tras la citación como investigado en el caso de uno de sus empleados por sus supuestos vínculos con la red. De este modo, decide solicitar toda esta batería de documentos para ponerlos en manos del Ministerio Público antes de decidir si acuerda una imputación formal contra el banco, el cual ya figura como responsable civil subsidiario.

La decisión del magistrado Manuel García Castellón se produce en plena investigación acerca de las comisiones que se habrían repartido los implicados en este presunto fraude sobre venta de espacios publicitarios y que, según el Sepblac, ascendería a los 200 millones de euros. El pasado mes los investigadores acordaron una nueva tanda de imputaciones -entre las que se encontraban una decena de empresas de la red- y también requirieron a seis entidades, entre las que se encuentra Bankia, para que identificaran las cuentas que el empresario Antonio Mas tenía abiertas en dichos bancos y desde las que los implicados podrían haber operado para desviar las comisiones obtenidas con esta supuesta estafa piramidal.

En su auto de abril, el instructor rechazó la imputación de Bankia apuntando que era "innecesario" puesto que no se había esclarecido la responsabilidad penal del empleado del banco que sí figura en la causa. Se trata del director de una de las sucursales de la Avenida Diagonal de Barcelona, en la que Publiolimpia (empresa epicentro de la red) tenía abiertas cuentas que están bajo sospecha. Ahora el instructor informa en un nuevo auto al que ha tenido acceso Vozpópuli que se hace necesario estudiar los mecanismos de prevención de cumplimiento normativo (compliance) para constatar si existió un defecto de organización o bien ocurrió que no se vigiló correctamente al director de la sucursal investigado en la causa.

La trama en el extranjero

Con todo, recuerda que Bankia a día de hoy no tiene implicación penal más allá de la responsabilidad que atañe a su empleado, que declaró como imputado el pasado mes de febrero. Se le atribuye el movimiento de los fondos entre las cuentas abiertas a nombre de las empresas investigadas para aparentar entradas y salidas de dinero ficticias. Por ese motivo, el instructor ha recurrido a los bancos y a Hacienda en aras a acotar la cuantía de la estafa apoyándose también en las conclusiones plasmadas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

La unidad de inteligencia financiera expuso en un informe de marzo de 2019 que las cuentas del Grupo Publiolimpia, dedicado a la compra y posterior venta de espacios publicitarios, se nutrieron de ingresos que provenían de sociedades pantalla radicadas en Luxemburgo y Suiza de las que no se disponía información alguna en relación a sus titulares. En concreto, identificaron transferencias por importe de 201 millones de euros ordenadas por el propio Antonio Mas y también por otras empresas vinculadas al entramado de esta red que habría estafado a cerca de un millar de personas. Entre los perjudicados figuran algunos miembros de la jet, como Paloma Segrelles o el empresario Michael Domecq.

El circuito del dinero

El Sepblac concluyó que ni el origen ni el destino de los fondos estaban justificados porque de la documentación aportada solo se podía verificar que había un flujo circular del dinero entre todas estas empresas administradas por el promotor Mas Samora sin justificación alguna más allá de que eran inversores de sus campañas publicitarias. La razón que se ofreció es que ese dinero provenía de "inversores privados" que luego recibían dichas cuantías de vuelta más la rentabilidad obtenida en esta operación. Destacan también que algunas empresas del entramado -como Neb Econopubli- se constituyeron como vehículo para canalizar el dinero de los paraísos fiscales que terminaba en las firmas del Grupo Publiolimpia.

La propia Bankia dio la alerta sobre las cuentas abiertas en su entidad pertenecientes al entramado. En concreto, el Sepblac localizó un total de 48 comunicaciones entre julio de 2014 y mayo de 2016. Por ese motivo, el magistrado dio luz verde recientemente a una batería de diligencias entre las que se encontraba la imputación como personas jurídicas de nuevas empresas del grupo, además de Caná 4, de la familia San Martín. Se trata de una firma que se asoció con Mas Samora para captar clientes interesados en la compra de espacios publicitarios. Aunque algunas de las víctimas denunciaron a la sociedad por estafa, la familia de constructores se presenta como la verdadera damnificada alegando que no pudieron devolver las cuantías a sus clientes porque el promotor, a su vez, no les reembolsó el beneficio de su inversión.