Desafío soberanista

El juez Llarena deniega el permiso a Jordi Sánchez para ir al Parlament

El Supremo destaca que es "intolerable, social y jurídicamente, que pueda alcanzarse la secesión (de Cataluña) desde vías de hecho que, sin soporte constitucional y legal, rompen inexorablemente la convivencia social, familiar y  personal de todos y cada uno de los miembros de la comunidad"

Carles Puigdemont junto a Jordi Sànchez
Carles Puigdemont junto a Jordi Sànchez EFE

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no ha concedido el permiso al 'número dos' de Junts per Catalunya (JxC), Jordi Sánchez, para que acuda este lunes al Pleno de investidura, según el auto hecho público, que indica además que el magistrado ha denegado la libertad del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

El magistrado basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva, al subrayar que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas "claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente", especifica el magistrado.

En un auto de 26 páginas, el juez relata primero los indicios de delito contra Sànchez que se han ido afianzando a lo largo de la instrucción, y su participación en un "concierto de voluntades" para conseguir la república en Cataluña "fuera de todo cauce legal".

La resolución indica que, aun cuando los encausados nunca hubieran buscado un desafío violento, a partir del 20 de septiembre de 2017 (fecha del asedio a la Consellería de Economía) tuvieron que ser conscientes de que sus movilizaciones introducían la probabilidad de este desenlace.

"Y si aceptando el pronóstico, persistieron en su intención de instrumentalizar ese comportamiento colectivo, su responsabilidad abarcaría la intencional utilización de la violencia en la consecución de sus fines secesionistas que se analiza en este proceso”, resalta el magistrado en su auto.

El Supremo destaca que es “intolerable, social y jurídicamente, que pueda alcanzarse la secesión (de Cataluña) desde vías de hecho que, sin soporte constitucional y legal, rompen inexorablemente la convivencia social, familiar y  personal de todos y cada uno de los miembros de la comunidad”.

Una vez constatada la gravedad de la conducta, el juez considera que no se han desvanecido los elementos objetivos que configuran el riesgo de que el encausado persevere en alcanzar su objetivo siguiendo una estrategia contraria a la norma penal.

“La investigación muestra que los partícipes en el delito se concertaron a perseverar en su táctica”, señala el auto, que subraya además la reciente integración de Jordi Sánchez en una candidatura electoral “que se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república que declararon”.

En este punto, Llarena coincide de forma directa con el escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que también ha focalizado su oposición a la libertad de Sànchez por el reciente acuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxC).

“Dado que los hechos cuya reiteración se teme afectan a valores constitucionales que tienen una proyección directa en los derechos subjetivos de toda la población, su protección en la eventualidad de conflicto con otros derechos resulta preponderante respecto la libertad del encausado y del derecho de sufragio pasivo que le corresponde”, complete el auto de Llarena.

Además, el magistrado recuerda que esta situación afecta a un candidato como Jordi Sánchez que ya concurrió privado de libertad al proceso electoral, y que, asimismo, “no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama”.

La resolución añade que la candidatura presenta otros integrantes “todos ellos con el mismo número de apoyos en los electores en los que no se aprecian los riesgos colectivos que tratan de conjurarse”. Y el juez también señala que el diputado puede participar en las decisiones parlamentarias mediante la delegación de su voto.

Sobre la petición de Sánchez, en caso de no quedar en libertad, de obtener un permiso específico para acudir al Pleno del día 12 convocado para debatir su investidura, el magistrado la deniega tras realizar una ponderación entre los derechos y bienes jurídicos que tratan de protegerse.

En este sentido, especifica que si bien el artículo 23.1 de la Constitución reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones, esos derechos se pueden limitar fundándose en finalidades constitucionalmente legítimas que presenten una correspondencia razonable en su intensidad.

Concluye el magistrado al respecto que, “aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección”.

El juez resalta, asimismo, que una conducción vigilada no aporta la contención precisa para un traslado seguro, “menos aún en quien –como reflejan los hechos descritos al principio de esta resolución—ha empleado su liderazgo en desbordar y sobrepasar la fuerza que un Estado democrático puede aplicar para la observancia de la ley”.



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