Publicado: 23/02/2018 05:15
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga al narcotraficante gallego Sito Miñanco y su banda desarticulada a principios de este mes, ha solicitado al SEPBLAC datos de la organización, según una providencia dictada por la magistrada a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El SEPBLAC, dependiente del Ministerio de Economía, es una unidad de inteligencia financiera dedicada a la prevención de blanqueo de capitales que asiste a las autoridades en numerosas investigaciones relacionadas con delitos económicos. Lamela da este paso después de conocer que varios hombres del narco José Ramón Prado Bugallo ya estuvieron bajo el foco de sus pesquisas.
Concretamente, como informó este periódico, el SEPBLAC ya investigó el año pasado a cinco personas -involucradas ahora también en el marco de la operación Mito- por el intento de sacar cerca de un millón de euros en metálico a través del aeropuerto de Barajas. Esta es una de las acusaciones que la Policía Nacional ha presentado ahora contra la banda de Miñanco y fue sancionada en su día como una “falta grave” por parte de la Secretaría General del Tesoro.
“Líbrese oficio al SEPBLAC a los efectos de que aporte copia del expediente sancionador que en su caso se instruyó por aprehensión de 889.477 euros en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017”, dice la providencia en la que Lamela indica que esperará a conocer los detalles de esta investigación antes de tomar una decisión sobre la puesta en libertad solicitada por varios de los detenidos en la operación.
Cuando los hombres de Sito Miñanco fueron sorprendidos con el dinero escondido en varias mochilas, alegaron que se iba a invertir en la compra de un comercio en Colombia, lugar al que iba a viajar el grupo. La ley sólo permite sacar hasta 10.000 euros en metálico sin declarar. Explicaron que el origen de esos más de 800.000 euros era su actividad comercial.
El informe del SEPBLAC zanjó en mayo que no había quedado lo suficientemente acreditado el origen de los fondos por lo que la Secretaría General del Tesoro terminó considerando los hechos constitutivos de una "falta grave" e impuso una sanción de 328.813 euros.
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