La lista de detractores de Félix Bolaños es cada vez más extensa. Al ministro de Presidencia y Justicia le van creciendo los enemigos como enanos. después de que el Gobierno presentara hace algo más de una semana un anteproyecto de ley con el que pretende "democratizar" el acceso a la Justicia. La reforma planteada por el Ejecutivo cuenta con la negativa de gran parte de la carrera judicial y fiscal, ya no sólo porque ha sido vista por muchos como un intento de "ideologizar" el perfil de los profesionales que acceden a la carrera, sino porque supone un agravio comparativo para aquellos que se han graduado recientemente en comparación con aquellos jueces sustitutos a los que se les pretende dar la oportunidad de ingresar en la carrera al margen de las oposiciones.
En respuesta a la reforma impulsada desde el Ministerio de Justicia, un total de 1.578 jueces y fiscales han firmado un manifiesto conjunto -al margen de las asociaciones judiciales y fiscales- en contra del texto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. La iniciativa nació hace algo más de una semana a manos de los jueces de la promoción 72 y ya va camino de alcanzar las 2.000 firmas. También se han unido a este crítico comunicado miembros de la carrera fiscal desde la promoción 59 a la 62, y jueces de las promociones 70, 71, 72 y 73.
La primera medida que denuncian los recién graduados es la propuesta de que los jueces y fiscales que logren ascender tengan que trasladarse durante tres años. Los firmantes consideran que esta iniciativa es "anacrónica y gravemente lesiva para la conciliación personal y familiar", ya que supone que los profesionales que quieran ascender en la carrera tengan que trasladarse de manera obligatoria "imposibilitando la continuidad del núcleo familiar en un mismo domicilio".
Ultimas promociones de la carrera, los mayores afectados
En este sentido, jueces y fiscales critican que la reforma impuesta por el Ejecutivo perjudica especialmente a aquellos integrantes de las carreras judicial y hiscal pertenecientes a zonas del territorio donde hay pocas plazas de magistrado o fiscal disponibles, ya que de esta forma estarían obligados a abandonar su residencia. "El traslado forzoso provoca importantes perturbaciones en la vida personal y profesional y no se aplica a ningún otro funcionario público", reza el comunicado difundido en redes sociales.
Precisamente, los firmantes denuncian que la Justicia en España ya atraviesa una "peligrosa" situación de precariedad y que la medida impulsada por el ministro Félix Bolaños debería ir encaminada a acabar con la misma. Sin embargo, consideran que el texto que ahora tendrá que pasar por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y ser aprobado por las Cortes no mejora la situación, "todo lo contrario, genera perjuicios al propio servicio".
En este sentido, subrayan que aquel profesional que ya empiece a conocer el funcionamiento de un juzgado puede perder todo el trabajo avanzado con la proliferación de "cambios continuados en el destino en plazos cortos de tiempo"; esto provocaría que los profesionales no puedan conocer en profundidad los asuntos del juzgado. "Es una medida que se eliminó en la Carrera Judicial en 2009, porque se consideraba no ajustada a la realidad de la judicatura hace 16 años, y no tiene ningún sentido que se recupere en 2025. Es un retroceso que no supone ninguna ventaja práctica para la Administración de Justicia y causa un perjuicio innecesario e injustificado para los jueces y abogados fiscales, empeorando nuestras condiciones laborales", sentencian.
Estándares europeos
Al igual que la mayor parte de asociaciones de jueces y fiscales, los firmantes de este manifiesto muestran su preocupación por la modificación del sistema de acceso a la carrera, pues sostienen que la labor jurisdiccional requiere de una formación específica que "solo se acredita a través de las vías de acceso existentes en la actualidad". La mayoría de la carrera judicial y fiscal entiende que el sistema de oposición actual pues se basa en el mérito y la capacidad y, por tanto, permite que accedan personas de toda índole.
Asimismo, los profesionales que firman este manifiesto apuntan que la norma propuesta por Bolaños incumple con las directrices de la Unión Europea, pues se basa en una jurisprudencia europea que no puede aplicarse al caso de los jueces y fiscales españoles. Los sustitutos han podido concurrir a plazas vacantes cada año, no soportan una situación de precariedad continuada sin posibilidad de acceso a la carrera como ocurre con otros puestos ofertados por la Administración Pública. El modo de acceso de los jueces y fiscales sustitutos pasa por la oposición libre o a través de las convocatorias del cuarto turno, por ello, consideran que la reforma planteada por el Gobierno atenta contra el artículo 103 de la Constitución.
Los firmantes temen que la estabilización por una convocatoria extraordinaria se convierta en "una tercera vía de acceso". Critican que la entrada de jueces y fiscales por el proceso de estabilización y el posible reconocimiento de su antigüedad como sustitutos perjudica las posibilidades de promoción de los opositores. "Las reclamaciones en relación con sus condiciones laborales y el abuso de la temporalidad no pueden solventarse a costa de perjudicar a los jueces y abogados fiscales que han accedido a sus carreras por turno libre (especialmente los integrantes de las últimas promociones), ni a los opositores que se sacrifican durante años, sin remuneración alguna, para llegar a ser jueces y abogados fiscales, con el sacrificio económico y personal que ello supone", sentencian.