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España

Los jueces piden a la UE que actúe contra España por estar en riesgo el Estado de Derecho

Tres asociaciones judiciales han remitido un escrito denunciando lo que consideran un "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho por las últimas reformas que, a su juicio, afectan a la independencia judicial

2.500 jueces piden a la UE que actúe por el riesgo de violación del Estado de Derecho en España
Carlos Lesmes al frente de una reunión del CGPJ. Europa Press

Tres de las cuatro asociaciones judiciales, que representan a 2.500 jueces -la mitad de la carrera judicial-, han denunciado el riesgo de violación del Estado de Derecho en España a raíz de las últimas reformas propuestas por le Gobierno de coalición.

Estas asociaciones, a Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), han remitido un escrito a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario europeo de Didier Reynders.

Los colectivos han denunciado lo que consideran un "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

En el escrito, de seis páginas, como recoge Europa Press, los firmantes solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

Según las asociaciones de jueces, se continúa vulnerando la independencia judicial en España.

Estas asociaciones se dirigen a Bruselas para mostrar su "inquietud" ante el actual panorama que se cierne sobre la "independencia judicial en España".

Vulneración de la independencia judicial

Según las asociaciones de jueces, se continúa vulnerando la independencia judicial y, en vez de acometer la reforma para establecer un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se adecue a los estándares en la mayor parte de los países de la UE, se sigue "en la dirección opuesta".

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