La reunión de Carles Puigdemont y el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, para fraguar la investidura de Pedro Sánchez ha indignado a la clase judicial. Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli aseguran que la fotografía -antesala de la aprobación de la ley de amnistía- es una "burla al Poder Judicial" y recuerdan que el expresidente catalán sigue estando a día de hoy procesado en rebeldía.
"Por ética política no me reuniría jamás con un procesado rebelde de estas características", indican las fuentes consultadas, las cuáles se preguntan en qué punto queda el Poder Judicial con este acuerdo del Gobierno en funciones. "Ese señor ha atacado a la democracia porque ha intentado declarar la independencia, derogar la Constitución, ha malversado presuntamente fondos públicos... y ahora todo eso parece que no ha sucedido", indican.
Sobre la foto de este lunes aseguran que se entiende como un menosprecio a la judicatura y a todo el sistema en general. "Es lamentable", sostienen. Al hilo, valoran también que el PSOE se refiriera a Carles Puigdemont en sus redes sociales como "president". Presentarle en esos término desautoriza al resto de presidentes autonómicos elegidos democráticamente. "Es una situación muy complicada para la sostenibilidad institucional del país", apuntalan.
Siguiente paso: la amnistía
Pese a ello, no todas las fuentes judiciales consultadas se pronuncian sobre lo ocurrido. Algunas se limitan a sostener que los jueces y magistrados hablan por sus autos y sus sentencias y así lo seguirán haciendo.
Cabe recordar que las negociaciones a puerta cerrada para investir a Pedro Sánchez tras el intento fallido de Alberto Núñez Feijóo incluyen también la aprobación de una ley de amnistía en la que se ha trabajado las últimas semanas.
Con esta ley, que como avanzó Vozpópuli se prevé registrar antes de la investidura de Pedro Sánchez, se dejará en papel mojado todas las causas juzgadas y pendientes de juzgar relacionadas con el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI).
Es una burla absoluta del sometimiento del Estado de Derecho. Vamos a terminar pidiendo perdón por aplicar la Ley. Es hacer escarnio de la labor de los jueces.
La amnistía, cuya legalidad ponen en tela de juicio juristas de toda índole y catedráticos en Derecho Constitucional, conllevaría no solo la eliminación del delito, sino también el reconocimiento de que la actuación del Tribunal Supremo y el resto de los órganos judiciales ha sido desproporcionada. "Es una burla absoluta del sometimiento del Estado de Derecho. Vamos a terminar pidiendo perdón por aplicar la Ley. Es hacer escarnio de la labor de los jueces", rezan las fuentes consultadas.
Los magistrados consultados sostienen que el PSOE, que enfila su camino para investir a Pedro Sánchez la próxima semana, está rompiendo "el orden constitucional". Al hilo explican que la futura ley no solo pone en solfa el papel de la Justicia, sino también al rey, en referencia al histórico discurso que pronunció Felipe Vl el 3 de octubre de 2017 tras el referéndum ilegal del 1 de octubre.
"Daño al sistema institucional"
Precisamente, la sala que acogió el encuentro en Bruselas entre Puigdemont y los emisarios de Sánchez tenía como fondo en una de sus paredes una fotografía del referéndum ilegal del 1-O. Sobre esto las fuentes consultadas lo interpretan como una "burla" no solo a los magistrados del Tribunal Supremo que juzgaron el procés, sino a los jueces que han instruido otras causas relacionadas con toda la deriva soberanista.
Al respecto ensalzan el hecho de que Santos Cerdán sea, además de 'número tres' del PSOE, diputado de la cámara baja. "Que una persona que es representante del Congreso vaya a reunirse con este individuo para cerrar el acuerdo de investidura es una situación que no sé ni como definirla. Es muy difícil de entender.
Sobre todo desde el punto de vista desde un juez. Eso no quita que tenga una lógica política", indica.
Con todo, las fuentes consultadas especifican que desde el punto de vista legal la reunión de Puigdemont con Santos Cerdán no tiene relevancia, pero destacan que es una cuestión de imagen. "Hace daño al sistema institucional. En concreto al judicial. Si tienes una persona procesada, aunque no esté condenada, debe estar a disposición de la Justicia", sostienen.
Cabe recordar que el magistrado del Supremo Pablo Llarena procesó al líder de Junts estando en rebeldía por su implicación en el procés. El instructor de esta causa hizo decaer las órdenes europeas e internacionales de detención a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie acerca de si confirma o no la decisión del Tribunal General (TGUE) de mantenerle retirada su inmunidad.
El momento del Supremo
El foco está ahora en la ley de amnistía que prevé tramitarse en el Congreso en cuestión de días. Aunque los socios del Gobierno buscan la aplicación inmediata de la norma, el Tribunal Supremo tiene en su mano ralentizar su efecto real. La Constitución, en su artículo 163, establece que "cualquier órgano judicial" podría recurrir al Tribunal Constitucional cuando considere que una norma con rango de ley puede ser contraria a la Carta Magna.
Se trata de un instrumento del que puede hacer uso la Sala de lo Penal antes de aplicar el contenido de la amnistía tanto a la parte del procés pendiente de ser juzgada como a la que condenó a Oriol Junqueras y el resto de independentistas condenados en este órgano.
Las fuentes consultadas recuerdan que una vez aprobada la Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Fiscalía del alto tribunal puede pedir a la Sala que plantee una cuestión de inconstitucionalidad para conocer el verdadero encaje de la norma. Además, apelan al artículo 666.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que permite plantear como artículo de previo pronunciamiento la excepción de cosa juzgada.
Al respecto cabe recordar que Llarena se vio obligado a modificar los delitos por los que procesó a Puigdemont tras eliminar el Gobierno la sedición. En consecuencia le atribuyó desobediencia y malversación por el desvío de fondos públicos destinados para la consulta ilegal del 1-O. Esta presunta desviación del erario público también está pendiente de juzgarse el próximo 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas.
