Anticorrupción pide 11 años para Juan Cotino por la visita del papa a Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 11 años de cárcel para el expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino por impulsar "activamente" la contratación para la trama Gürtel de las pantallas y megafonía con motivo de la visita del papa a Valencia en 2006.

El Ministerio Público acusa a Cotino de cuatro delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la Administración Pública, cohecho pasivo y prevaricación continuada, mientras que solicita que sea inhabilitado durante 10 años para el ejercicio de la función pública.

En su escrito, el fiscal asegura que "pese a no ostentar cargo alguno en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia ni formar parte de sus competencias como conseller, impulsó activamente y gestionó 'de facto' la contratación objeto de investigación".

El juez dice que el exconsejero actuó como "factótum" y elemento nuclear" en la contratación de la red de Francisco Correa

Según Anticorrupción, Cotino, en común acuerdo, con el exdirector  de Canal 9 Pedro García Gimeno y los principales cabecillas de la trama Gürtel, Francisco  Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, actuó para que la contratación de la red se realizara a través del ente público RTVV a fin de realizar el "pago con cargo a fondos públicos". Asimismo, solicita penas elevadas para los responsables del entramado de empresas de Gürtel: Francisco Correa (38 años y 3 meses), Pablo Crespo (37 años y 3 meses), Álvaro Pérez, El Bigotes, (37 años y 3 meses), y José Ramón Blanco Balín (18 años).

El juez De la Mata propuso sentar en el banquillo a Juan Cotino y a otra veintena de acusados, al entender que el exconsejero de la Generalitat actuó como "factótum" y elemento nuclear" en la contratación de la red de Francisco Correa.

"Un ilícito desembolso de 7.493.600 euros"

"El mecanismo ideado y utilizado por los acusados para que RTVV, fuera de su labor informativa y de retransmisión del evento, asumiera formalmente este gasto", que supuso "un ilícito desembolso de 7.493.600 euros" y permitió "el enriquecimiento" de los miembros de llamado grupo Correa, fue un convenio entre la televisión valenciana y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia. De esta forma Cotino, El Bigotes, Crespo, Correa y Gimeno "acordaron y planificaron de común acuerdo" atribuir a RTVV el coste de ese contrato de suministro de pantallas de vídeo, megafonía y sonido para "apoderarse directamente de los fondos públicos" de la televisión valenciana a los que su entonces director "tenía más fácil acceso", explica el escrito.

De este modo, Gimeno logró "sustraer fondos públicos" de la RTVV por un total de 3,3 millones de euros, que se repartió con Correa, Crespo, El Bigotes y Blanco Balín, sostiene. El servicio fue adjudicado sin mediar publicidad a la empresa Tecosna, una sociedad instrumental del grupo Correa, "con el fin de ocultar a los verdaderos beneficiarios".

Esta adjudicación irregular "fue posible gracias a la voluntaria y consciente actuación" de empleados de RTVV a los que también acusa la Fiscalía: Ricardo Calatayud, Luis Sabater Balaguer, Antonio de la Viuda, Juan Prefaci, Encarnación Pérez, José Llorca, Vicente Sanz y Salvador Benjamín Íñiguez. Una vez obtenida la competencia para prestar este servicio "por servicios cuyo precio sería muy inferior al abonado por RTVV" (Teconsa terminó subcontratando a tres empresas que colocaron las pantallas por 2.994.200 euros), se adjudicó otro contrato de "personal de seguridad para la vigilancia de estructura, sonido y material de pantallas" a otra sociedad instrumental del grupo Correa (Apogee).

Esto permitió también sustraer fondos de la televisión valenciana por un total de 99.761 euros "por servicios que nunca fueron prestados". Por todo ello, la Fiscalía considera que Cotino y los responsables de la RTVV incurrieron en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y cohecho; mientras que a los integrantes del grupo Correa les considera también responsables de los delitos de asociación ilícita.