El jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha, Felix Antolín de Diego, se sentará el martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Guadalajara acusado de un caso de acoso laboral cuando era responsable de la unidad de élite de los Grupo Especial de Operaciones (GEO). Junto a él, será juzgado también el que era su segundo en la unidad de élite de la Policía Nacional. Ambos fueron denunciados por un agente que sirvió a sus órdenes y que pide para ellos hasta dos años de cárcel por delitos de torturas y contra la integridad moral.

Según informan a Vozpópuli fuentes del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, este juicio estaba inicialmente previsto que se celebrase en julio y en el Juzgado de lo Penal número 2 de Guadalajara. Pero su titular devolvió las actuaciones al juez que había investigado los hechos al entender que debían ser enjuiciados en la Audiencia, como finalmente se ha decidido. Los GEO tienen su sede en la ciudad arriacense.

Por su parte la Fiscalía pide que ambos mandos policiales sean absueltos y no formula acusación alguna, según su escrito de calificación al que ha tenido acceso este periódico.  informan fuentes del ministerio público. “Se aprecia claramente que el origen de la querella son unas supuestas discrepancias” del subordinado “y otros compañeros con sus superiores, por una disconformidad con las propuestas realizadas por los superiores en relación con unas medallas policiales”. Según la Fiscalía, eso llevó a que se perdiera la confianza mutua.

En ningún caso puede mantenerse que las expresiones transcritas en la querella y los hechos en ella relatados impliquen un grave menoscabo de la integridad moral

La Fiscalía zanja que los hechos no son constitutivos de infracción penal: “En ningún caso puede mantenerse que las expresiones transcritas en la querella y los hechos en ella relatados impliquen un grave menoscabo de la integridad moral del querellante, ni mucho menos que puedan crear sentimientos de terror, de angustia, de inferioridad susceptibles de humillarle, envilecerle y de quebrantar su resistencia física o moral”. En cualquier caso, las fuentes fiscales consultadas precisan que se reservan la posibilidad de cambiar de parecer en función de cómo se desarrolle el juicio.

La querella que dio origen a este caso se presentó el 25 de marzo de 2015 por un delito de acoso laboral. Los hechos se remontan a mayo de 2014 cuando el miembro de los GEO dice que fue apartado de todas sus funciones por parte de los acusados “sufriendo una situación humillante y discriminatoria”. Por ello, además de los dos años de condena, pide que se le indemnice con un total de 20.130 euros por las secuelas que le generó este acoso laboral. Dice haber padecido trastornos neuróticos y problemas derivados del estrés postraumático vivido.

En 2016 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Madrid obligó a readmitir a este policía mientras seguía la investigación de la denuncia por un posible delito penal por acoso laboral, que es lo que se va a dirimir este martes. El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara apreció "indicios de criminalidad" por parte de este mando policial y su segundo al menos desde el año 2014 mediante "actos de contenido vejatorio prevaliéndose de su cargo y de la posición jerárquica".

“El forense afirma que el querellante padece una sintomatología ansioso depresiva y un trastorno por estrés postraumático medio-bajo que es compatible con hechos denunciados"

Tal y como informó este periódico, a juicio del magistrado de Guadalajara, el objetivo era quebrar “la resistencia e integridad moral” del subordinado" para "forzar su salida de los GEOS". Entendía el juez que el denunciante fue aislado de sus compañeros "dejándole a entrenar solo" y le relevaron de "cualquier función". Este juez añadía en su auto que el policía denunciante sufría "un estado psíquico acorde con hechos de la naturaleza de los imputados”. 

Explicaba que “el forense afirma que el querellante padece una sintomatología ansioso depresiva y un trastorno por estrés postraumático medio-bajo que es compatible con hechos denunciados". Por todo ello, consideraba "la existencia de indicios de una actuación continuada y reiterada de humillación y vejación". Antolín tomó posesión como jefe Superior de la Policía en Castilla-La Mancha el 8 de febrero de 2017 en un acto que contó con la presencia del entonces ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido y la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.