Publicado: 20/01/2016 15:44
El consejero Jaime González Taboada, número 3 de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, ya tiene cita en la Audiencia Nacional. Aunque no será en el 'caso Púnica', donde su nombre se ha visto salpicado en la confesión del cabecilla de la trama, el empresario David Marjaliza, sino en otro caso también muy mediático: la Gürtel. Eso sí, lo hará como testigo el próximo 12 de febrero a las diez de la mañana. Así lo ha decidido el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, quien de este modo acepta la petición de una de las acusaciones populares en la causa para que se le interrogue por los detalles de la venta, por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de una parcela. El magistrado también ha solicita a la Comunidad de Madrid el expediente de dicha transacción. La solicitud se ha hecho después de la última declaración del que fuera regidor de este municipio madrileño, el imputado Arturo González Panero, quien acusó al político de colaborar con la trama.
'El Albondiguilla' acusó recientemente a Taboada de participar en las "presiones" que recibió para que vendiera a la trama Gürtel un terreno municipal en Boadilla del Monte por un importe muy inferior al real
La decisión del magistrado aparece recogida en un auto fechado este martes y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el mismo se detalla que la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) hizo el pasado 22 de diciembre, después de que González Panero, al que dentro de la trama de Francisco Correa se le apodaba despectivamente 'El Albondiguilla', declarada dos semanas antes de manera voluntaria ante el juez y diera detalles sobre supuestas irregularidades en el expediente que autorizaba a su consistorio a vender una parcela por un precio inferior al de mercado. En concreto la 1 A de la manzana M7 de la UE-12 del Polígono B del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. En concreto, Panero aseguró que la Comunidad de Madrid le "presionó" para que pusiera a la venta dichos terrenos para que la Gürtel pudiera hacerse con ellos por 19,4 millones de euros cuando el valor de tasación, en su opinión, era muy superior. Nunca inferior a los 30 millones de euros.
'El Albondiguilla' también aseguró que la negociación por el precio de dichos terrenos fue dirigida por la Comunidad de Madrid por el entonces responsable de Territorio, González Taboada. Tras esta confesión, ADADE pidió al juez De la Mata que reclamara al Gobierno de Cristina Cifuentes dicho expediente y, además, que acudiera el ahora consejero para tomarle declaración. La Fiscalía Anticorrupción no se opuso a la práctica de dichas diligencias dada "su necesidad y pertinencia expuesta en el escrito de dicha acusación popular" y, finalmente, el magistrado las ha acordado, aunque la comparecencia del político será en condición de testigo.
Su nombre en el sumario Púnica
El nombre de González Taboada ya se ha visto relacionado intensamente en los últimos meses con el otro gran escándalo de corrupción que sacude al PP en la Comunidad de Madrid: la Púnica. De hecho, el juez Eloy Velasco tiene abierta una línea de investigación sobre irregularidades urbanísticas y obras públicas amañadas que el pasado mes de junio recibió un importante impulso el pasado mes de junio. Entonces, el empresario David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama y socio de Francisco Granados, acudió tres días a la Audiencia Nacional para, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, confesar durante cerca de once horas las corruptelas en las que había participado. Aunque el contenido de dicho testimonio aún permanece secreto, sí ha transcendido que el socio de Granados habló de irregulares recalificaciones de terrenos en municipios en las que tuvo participación la firma pública Arpegio y de obras supuestamente amañadas del Plan PRISMA. Además, según confirman a este diario fuentes cercanas a la investigación, citó expresamente al actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad.
En el 'caso Púnica', el empresario Marjaliza también ha señalado al consejero de estar detrás de supuestas irregularidades urbanísticas y de adjudicación de obras públicas
Para entonces, sin embargo, el nombre del 'número 3' de Cifuentes ya había salido en el sumario. Su nombre fue citado por el anterior alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, en una conversación con Marjaliza intervenida por orden judicial en la que se deja constancia de la ascendencia que supuestamente tenía sobre él Francisco Granados. "Le he pedido una cita a Jaime González Taboada también para ver si me hace lo de las obras del PRISMA. Entonces le he invitado a comer para ver cómo le cojo el pulso a éste, porque Jaime conmigo nunca ha sido hostil, pero ahora me hace menos caso y ya no está Paco [en referencia al exdirigente regional del PP] y ya no le manda, pues ya pasa", llega a asegurar el regidor que pretende que la empresa pública le sufrague varias obras en su localidad por un total de "millón y pico". En otra conversación telefónica de Boza por este tema, en este caso con el propio Granados, es éste quien asegura que se lleva "fenomenal con Jaime".
El nombre de González Taboada volvió a salir en febrero de 2015, y en este caso en las preguntas de la Guardia Civil a un testigo. En concreto, en el interrogatorio a Francisco Esquivias, actual secretario general de Nuevo Arpegio, la empresa que sustituyó en diciembre de 2010 a la antigua Arpegio tras su fusión con otro ente de la Comunidad, Tres Cantos SA. Los agentes de la UCO le interrogaron en profundidad sobre el mecanismo de actuación de dicha empresa entre abril de 2005 y diciembre de 2007, el periodo en el que Granados, por su condición de 'número 3' del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, fue presidente de Arpegio. Fue en esta etapa en el que esta entidad comenzó a gestionar las inversiones de PRISMA, que dependían directamente de González Taboada en su condición de director general de Cooperación con la Administración Local. Por ello, los agentes preguntaron a Esquivias por el papel del actual consejero de Medio Ambiente en la gestión de aquellas ayudas a los consistorios. En el acta de aquella declaración figuran, de hecho, cinco contratos de este plan por un total de 1,5 millones de euros adjudicados en aquellos años a la constructora DICO, una de las intervenidas en la 'Operación Púnica'.
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