El juez de Madrid que está investigando a Podemos, Juan José Escalonilla, concluye que no existen irregularidades en los contratos del partido 'morado' con la consultora portuguesa ADB Europa, según informa 'eldiario.es'.

El magistrado ha anulado las diligencias que solicitó sobre cuatro contratos con la consultora después de que el Tribunal de Cuentas haya certificado una actividad real en la campaña de abril del pasado año.

De esta manera, Escalonilla considera que el Tribunal de Cuentas ha acreditado que no existen irregularidades en dichos contratos y ha decidido cerrar esa línea concreta de la investigación, que se inició tras la denuncia del exabogado -despedido- de la formación José Manuel Calvente.

El juez señala que el tribunal no aprecia "irregularidad alguna en los gastos efectuados por el partido político Unidas Podemos en base a los contratos formalizados con ABD Europa LDA", con matriz en Brasil.

Asimismo, Escalonilla indica que "no cabe sino concluir en la inexistencia de indicios racionales acreditativos de que dichos contratos aportados por el denunciante, de fecha 25 de febrero, 19 de marzo, 12 de abril y 3 de mayo de 2019, se traten de contratos simulados".

Calvente presentó una denuncia ante la Guardia Civil en diciembre de 2019 contra varios dirigentes del partido, a los que acusaba de la comisión de varios delitos

Calvente presentó una denuncia ante la Guardia Civil en diciembre de 2019 contra varios dirigentes del partido de Pablo Iglesias, a los que acusaba de la comisión de varios delitos, así como la financiación irregular del partido, por la que han sido imputados la formación y parte de la cúpula de la misma.

Tras la declaración de Calvente

Los agentes pusieron los hechos en conocimiento de un juzgado de Barcelona que, por cuestión de competencia, trasladó el caso a los de Plaza de Castilla en Madrid.

Finalmente, esta línea de la investigación cayó en el Juzgado de Instrucción número 42, cuyo titular, Juan José Escalonilla, ordenó una serie de diligencias previa a la apertura de una investigación únicamente por presunta malversación, entre ellas la citación del denunciante.

Después de escuchar las declaraciones de Calvente, el juez ordenó una gran batería de diligencias, entre las que se encontraba la orden a la Policía para que comprobaran si varios trabajadores de ABD Europa LDA identificados en los contratos con Podemos habían entrado en España entre el 15 de febrero y el 12 de abril de 2019.