Al comenzar sus pesquisas, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no podían imaginar que la operación transcurriría por esos derroteros. Seguían la pista de una organización vinculada con el tráfico de drogas que implicaba a un empresario afincado en Cataluña. Y terminaron por detectar un supuesto desvío de dinero público en un contrato millonario de la Diputación de Almería para la compra de material sanitario, principalmente mascarillas. Entre los investigados por la adquisición pública -no por causas relacionadas con estupefacientes- figura el vicepresidente tercero del gobierno almeriense, Óscar Liria (PP). El presidente de la diputación ya le ha destituido de su cargo.

La investigación de los agentes arrancó a principios de 2020, de acuerdo a la información facilitada por la Guardia Civil. Por entonces no había comenzado la pandemia ni, por supuesto, los problemas de la administración para adquirir material sanitario en un contexto de convulsión internacional. Los miembros de la UCO detectaron una organización criminal afincada en Cataluña que, entre otros, se dedicaba al tráfico de drogas. En la órbita de esta organización figuraba un empresario que vivía en Barcelona y que contaba con múltiples ámbitos de negocio.

Los agentes pusieron en marcha toda la maquinaria para atar los cabos. Como es habitual en estas investigaciones, rastrearon movimientos de dinero y las ramificaciones empresariales de todos implicados en el entramado. Y tenían mucho donde rascar. Detectaron, entre otros, un concesionario de coches en Palma de Mallorca. También varias sociedades que están bajo el foco de las pesquisas, a las que se ha bautizado con el nombre de Operación Lúa.

De Cataluña a Almería

Uno de los movimientos que más llamó su atención fue una venta de material sanitario. Eran los momentos más difíciles de la pandemia, de máximas dificultades para encontrar elementos de protección en un mercado internacional convulso. Habían adquirido stock en el escaparate asiático, principalmente mascarillas, y lo habían suministrado a la Diputación de Almería. El valor del contrato era próximo a dos millones de euros. En su empeño por encontrar irregularidades, los agentes de la UCO percibieron ciertas incoherencias en la adjudicación.

La Guardia Civil destaca que es “la primera vez” que se detecta un caso de adjudicaciones "irregulares" para la adquisición de material sanitario con motivo de la pandemia del coronavirus: “Las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las empresas del citado empresario, adjudicación a cambio de la que se habrían pagado comisiones a un cargo público”.

Fruto de ello fue detenido el vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria, así como otras diez personas. El cargo público no tiene ninguna implicación en el caso del tráfico de drogas; sin embargo, ese fue el hilo del que comenzaron a tirar los agentes hasta dar con el supuesto contrato irregular.

22.000 contratos por vía de emergencia

Las cifras revelan la envergadura de la operación, que aún se mantienen en marcha. Bajo coordinación del Juzgado de Instrucción nº 8 de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la Guardia Civil practica una veintena de registros en Barcelona, Gerona, Murcia, Almería y Palma de Mallorca. Al empresario radicado en Barcelona que está bajo investigación se le han intervenido dos plantaciones de marihuana, indican fuentes policiales.

El Instituto Armado -que además contó con la colaboración de Europol- desplegó a unidades de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico, Agrupación de Reserva y Seguridad y de Policía Judicial pertenecientes a las Comandancias de la Guardia Civil afectadas. Una investigación que comenzó por una red de tráfico de drogas y que culminó con la primera intervención por un contrato público para la adquisición de material sanitario.

Como adelantó Vozpópuli, el órgano encargado de supervisar la transparencia y legalidad en la contratación pública [la OIRESCON] advirtió en uno de sus informes de la alta cantidad de los contratos adjudicados por la vía de emergencia durante la pandemia: más de 22.000 por un valor superior a los 7.100 millones de euros. Dicha oficina, que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, admitía la necesidad de establecer controles más estrictos en el control de los fondos públicos.