Publicado: 08/06/2019 05:15
La investigación del 'agujero' de 600 millones de euros en las arcas de Murcia en favor de la constructora que preside Florentino Pérez, Actividades de Construcción y Servicios (ACS), por la construcción de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena) con la presunta complicidad de dirigentes del PP, pende ahora de un fino hilo.
La Audiencia de Murcia, previo recurso de una de las defensas, ha dado carpetazo a la ampliación de la instrucción de lo que parece un nuevo 'Caso Castor' por causa compleja solicitada por la Fiscalía y aprobada por la juez que investiga el caso. El motivo: que la juez, María del Mar Azuar, acordó la prórroga más allá del techo de seis meses de instrucción que ha fijado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que llevó a cabo el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy en el año 2015.
Así las cosas, la jueza se ha visto obligada a suspender in extremis las declaraciones testificales de la próxima semana, entre las que se encontraba la de la exalcaldesa de Cartagena y senadora del PP, Pilar Barreiro, entre otros exalcaldes que firmaron convenios para el suministro de agua procedente de la desaladora.
La jueza se ve a apremiada a resolver si inicia ya el juicio oral o sobresee el caso
La jueza, de hecho, se verá obligada a decidir ya, y únicamente atendiendo a las diligencias practicadas dentro de los primeros seis meses de investigación - entre el 7 de marzo y el 7 de septiembre de 2018 -, si sobresee el caso o abre juicio oral sobre esta causa en la que se investiga cómo una desaladora que costó 125 millones de euros privados acaba costando más de 600 millones a las arcas públicas.
Excluidas del plazo de diligencias al que podrá acogerse la juez quedarán, por ejemplo, las que llevaron a la Fiscalía a concluir que sus pesquisas parecían "apuntar más alto" que los hasta entonces (y de momento) imputados: el consejero delegado de los servicios industriales del Grupo ACS, Eugenio Llorente Gómez, y el exconsejero murciano de Agricultura Antonio Cerdá, entre otros directivos públicos y privados locales.
Malestar en la Judicatura
"Puede que haya jueces que se equivoquen pero estamos viendo varios casos como este y lo que suele suceder es que la investigación de las pruebas de este tipo delitos, que requieren pruebas periciales y contables, suele agotar fácilmente el plazo de seis meses de instrucción que fija la nueva ley", dice Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria.
"La de Murcia es una causa compleja que no es sino otra muestra más de lo que puede hacer una ley de plazos que no esté acompañada de los debidos medios y recursos. Esto es: que delitos complejos no se puedan investigar debidamente y/o queden impunes", protesta por su parte Concepción Rodríguez, de Foro Judicial Independiente, exhibiendo un diagnóstico que comparte Ignacio González, de Juezas y Jueces por las Democracia. "La ley de plazos, así como estamos ahora, con los recursos que tenemos, favorece los delitos de corrupción". Todas las asociaciones coinciden en la necesidad de que se deroguen los plazos mientras no se incrementen de manera acorde los recursos de jueces y fiscales.
"La ley de plazos, así como estamos ahora, con los recursos que tenemos, favorece los delitos de corrupción"
Mientras tanto, precisamente en la estricta aplicación de ley de plazos se apoyaba el pasado marzo el Tribunal Superior de Justicia de Murcia para confirmar la absolución del expresidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, acusado de prevaricación y falsedad, por un incumplimiento de los plazos de la propia Fiscalía a la hora de recopilar las pruebas.
En su resolución, el TSJ murciano reconocía que la Administración de Justicia en la comunidad autónoma está "infradotada" pero afirmaba a la vez que el colapso de los juzgados "no puede convertirse en un Estado de Derecho en carta blanca al Poder Judicial para rebasar los mandatos imperativos fijados por el legislador".
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