Un documento de Interior revela que más de 300 cayucos sin desguazar colapsan Canarias

Un documento del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, revela una nueva situación de crisis que se vive en Islas Canarias a partir de la avalancha de pateras que están alcanzando sus costas en fechas recientes: las autoridades no tienen capacidades ni medios para desguazar los cayucos que emplean las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos para transportar a los inmigrantes hasta territorio español. Actualmente hay más de 300 pendientes de destruir y su acumulación ocasiona “graves perjuicios tanto al tráfico interinsular como al medioambiente”.

El CITCO, órgano encargado de coordinar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de terrorismo, crimen organizado y radicalismo violento, admite que la llegada de embarcaciones de forma ilegal a las Islas Canarias, “principalmente para la inmigración ilegal”, está generando “un problema de almacenamiento, custodia y destrucción de este tipo de medios de navegación”, tal y como consta en la documentación consultada por Vozpópuli.

“En la actualidad existen aproximadamente 300 embarcaciones pendientes de ser destruidas, y que ocupan espacios en playas, costas y puertos, ocasionando graves perjuicios tanto al tráfico marítimo interinsular como al medioambiente”, destaca el CITCO. Cabe recordar que en lo que va de año, según los informes sobre inmigración que maneja el Ministerio del Interior -con el 15 de octubre como actualización más reciente-, han llegado a Islas Canarias 384 embarcaciones por vías irregulares.

El documento detalla que diversos organismos participan en la destrucción de dichas embarcaciones, entre los que figuran autoridades portuarias o subdelegaciones del Gobierno. Pero todos ellos se encuentran desbordados ante la crisis migratoria que atraviesa Canarias y que tiene su origen en los problemas de inestabilidad que sufre el Sahel africano, con permanentes golpes de Estado, el aumento de la actividad de organizaciones criminales o terroristas, y la irrupción de los mercenarios Wagner de Putin, entre otros.

"Grave problema de seguridad"

Ante esa situación de desborde, el CITCO ha tomado las riendas para gestionar la destrucción de todas las embarcaciones que llegan a costas canarias. Lo hace en base a su experiencia en la destrucción de bienes incautados con ocasión de la comisión de delitos contra el tráfico de drogas, como son las sustancias estupefacientes en sí mismas, plantas de marihuana, los precursores de drogas, embarcaciones consideradas como género prohibido, así como en otros delitos, como contra la propiedad intelectual, con la destrucción de bienes falsificados.

Según detalla el documento, la intervención policial de embarcaciones o el abandono de las mismas supone “un problema añadido” para las fuerzas y cuerpos de seguridad “por su almacenamiento, custodia y tratamiento”. Se trata de bienes sin valor, por lo que no procede su incorporación al Patrimonio de la Administración General del Estado y se declara necesaria su destrucción.

“Actualmente el depósito de las mencionadas embarcaciones intervenidas supone un grave problema de seguridad, por lo que es necesario recogerlas de las instalaciones o depósitos habilitados para tal fin por las Autoridades correspondientes, y una vez obtenidas las autorizaciones judiciales o administrativas necesarias, llevarlas al punto de destrucción para proceder a su eliminación definitiva”, detalla el CITCO.

Crisis en Canarias

La Secretaría de Estado de Seguridad no cuenta con personal especializado en este tipo de procedimientos, que además requiere del adecuado tratamiento de cada material en base a su composición. Por eso se recurre a la contratación de una empresa especializada, en un contrato público para el que se ha reservado una partida cerca a los 60.000 euros (sin incluir impuestos).

Este presupuesto se basa en las características de las embarcaciones que colapsan los depósitos de las Islas. En el caso de Gran Canaria, por la destrucción de cada embarcación de madera o fibra se abonarán 595 y 790 euros, respectivamente, siempre que no alcancen los seis metros. Si superan esa longitud, se abonará un suplemento de 40 o 50 euros -en función del material- por cada metro adicional.

Las cifras son aún mayores en Tenerife: 695 y 890 euros para las embarcaciones de madera y fibra, con el mismo suplemento de 40 o 50 euros por cada metro adicional por encima de los seis. En ambos casos, la destrucción de los motores se hará a coste cero.

La crisis migratoria de Canarias se traduce en la llegada de 23.537 personas a las Islas por vías irregulares en lo que va de año, a fecha actualizada del 15 de octubre. La mayoría de ellas han llegado en las últimas semanas. La cifra es notablemente superior a las 13.122 entradas que se produjeron en el mismo periodo de tiempo de 2022, con un incremento porcentual del 79,4%. En el último fin de semana lo han hecho más de 1.600 inmigrantes.