Cerco al clan Pujol

Un exdirectivo de Santander dice que Botín jamás le habló del pelotazo de Oleguer Pujol

Serafín Méndez se ha definido como uno de los hombres de máxima confianza de Emilio Botín. El testigo ha señalado que no conoce a Oleguer Pujol ni a su ex socio Luis Iglesias y que el ex presidente de Banco Santander nunca le comentó nada de la operación de venta de 1152 sucursales del banco. Méndez fue el director general del área inmobiliaria de la entidad. 

Oleguer Pujol llegando a la Audiencia Nacional.
Oleguer Pujol llegando a la Audiencia Nacional. EFE

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha tomado este viernes declaración como testigo al ex director general del área inmobiliaria de Banco Santander,  Serafín Méndez, por la venta de 1152 oficinas de la entidad por valor de más de 2.000 millones de euros a Oleguer Pujol en el año 2007.

Según informan fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, el ex banquero se ha desvinculado de esta operación financiera porque se jubiló en julio de 2007 aunque siguió asesorando tres años más al fallecido Emilio Botín como "autónomo". Serafín Méndez -uno de los hombres fuertes del ex presidente de Banco Santander- ha añadido que éste "jamás" le comentó nada de la operación de venta de las 1152 oficinas de la entidad. El testigo ha recalcado que él era una de las personas de "confianza absoluta" de Emilio Botín durante "49 años".

Asimismo, las mismas fuentes explican que Méndez ha declarado que no conocía ni al benjamín del clan Pujol, Oleguer Pujol, ni a su ex socio Luis Iglesias ni a los hijos del financiero catalán Javier de la Rosa, Javier y Gabriela de la Rosa Misol. Tan sólo ha admitido que conocía al empresario José María Villalonga -también imputado en esta causa- porque se lo presentó el ex consejero delegado de Banco Santander Alfredo Sáenz con motivo de la operación de venta de la antigua oficina principal de la entidad en Barcelona, que sitaba en el lujoso Paseo de Gracia de la ciudad condal.

El ex banquero ha señalado ante el juez que cuando se produjo la venta de oficinas a Oleguer Pujol él ya se había jubilado

Por otro lado, este viernes también ha declarado en la Audiencia Nacional la empresaria Isabel Olivares de la Cerda, vinculada a Drago Capital. La testigo ha explicado que fueron el Oleguer Pujol y su ex socio Iglesias quienes establecieron cómo debía realizarse el pago de las comisiones resultantes de la venta de las 1152 oficinas de Banco Santander. Olivares de la Cerda ha explicado que ambos tenían firmado un "acuerdo marco".

La compraventa de las sucursales, según relató el juez José de la Mata en un auto, dio como resultado unas comisiones de 11,5 millones de euros que fueron presuntamente repartidas entre Pujol e Iglesias, además de los empresarios Javier y Gabriela De la Rosa -hijos del conocido empresario Javier de la Rosa- y José María Villalonga padre e hijo.

Continuaría el blanqueo

El pasado día 12, el magistrado de la Mata tomó declaración a Oleguer Pujol Ferrusola por dicha operación inmobiliaria en calidad de imputado por un delito de blanqueo de capitales. El acusado explicó que el dinero opaco que percibió a través de la operación de compra venta de las 1152 oficinas de Banco Santander fue regularizado con el fisco español al haberse acogido a la amnistía fiscal de Montoro.

Al término del interrogatorio, los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa pidieron el ingreso en prisión de forma incondicional para el hijo menor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley. El juez no la acordó y se limitó a imponer como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

Anticorrupción sospechaba que el pequeño de los Pujol abrió en diciembre de 2015 --cuando ya estaba siendo investigado por la Justicia- un depósito en un banco de Miami con la intención de blanquear comisiones obtenidas por su mediación en operaciones inmobiliarias. Es decir, continuaría 'lavando' presuntamente dinero de procedencia ilícita pese a estar siendo investigado por la Audiencia Nacional.

En su auto de libertad, De la Mata respondió a los fiscales que no se apreciaban "elementos nuevos que permitan afirmar razonablemente que en este momento concurre un peligro nuevo no valorado, fundado y concreto, de destrucción de fuentes de prueba, o de capacidad de influencia sobre otros investigados o testigos que no haya tenido ocasión de desarrollar durante todo este tiempo, y que exija, por esta razón, la adopción de una medida excepcional como la solicitada de prisión provisional".


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