El último informe de los Mossos d’Esquadra en torno al espionaje del teléfono del expresidente catalán y exdirigente de ERC, Pere Aragonès, desvela varios episodios de exfiltración de datos. El más antiguo, en julio de 2018, antes de que el Tribunal Supremo diese permiso al CNI para acceder al terminal del representante independentista. Un dato que ha llevado al propio Aragonès a denunciar que los servicios de Inteligencia le investigaron ilegalmente. Sin embargo, el informe policial no contiene atribución alguna respecto a los ataques con Pegasus; tampoco, por tanto, a los servicios de Inteligencia españoles.
El informe de los Mossos d’Esquadra, elaborado por la Unidad Central de Informática Forense y Nuevas Tecnologías (UCIFTEC) establece que uno de los principios por los que se rige Pegasus es por la falta de rastro durante sus actividades de exfiltración de datos. Los analistas especializados deben buscar una serie de patrones comunes [los conocidos como Indicadores de Compromiso] que revelan una actividad inusual y que estaría vinculada a la actividad del software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
El informe llega después de que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, confirmase ante el juez que todas las actuaciones en torno a líderes separatistas se llevaron a cabo mediante el correspondiente aval judicial. El Ministerio de Defensa tuvo que desclasificar algunos informes relacionados con esta actividad para que Paz Esteban pudiese declarar sin quebrantar la Ley de Secretos Oficiales.
La desclasificación de documentos estuvo escrupulosamente medida, con el único objeto de permitir que la exdirectora del CNI presentase información ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona sobre la investigación en torno a líderes separatistas. En su declaración, Paz Esteban incidió en el control judicial al que están sometidos los servicios de inteligencia y destacó que toda actividad en esta causa contaba con el debido aval, que llegó en junio de 2019.
El informe de los Mossos
El informe de los Mossos d’Esquadra, al que ha tenido acceso Vozpópuli, aporta información específica sobre algunos episodios de exfiltración de datos. El que es objeto de polémica se produjo entre las 13.54 horas del 9 de julio de 2018 y las 10.28 del 10 de julio de 2018. En este tiempo se habría producido una exfiltración mínima de datos de 16,6 megas. Además, entre el 4 de julio de 2019 y el 24 de octubre de 2019 se produjeron otros cuatro, con los que se obtuvieron un mínimo de 77,9 megas.
Las referencias de julio de 2018 son las que han suscitado las denuncias públicas de Pere Aragonès y de diversas esferas del independentismo catalán, teniendo en cuenta que el aval judicial del Tribunal Supremo al CNI no llegó hasta junio de 2019. “Toda mi vida personal y política, espiada ilegalmente con Pegasus. Ahora lo certifica también un análisis pericial policial”, apuntaba en sus redes el expresidente catalán, al tiempo que exigía que “el CNI y todos los implicados deben asumir la responsabilidad”.
Sin embargo, el informe de los Mossos d’Esquadra no recoge ninguna atribución específica al CNI. Una de las principales características de Pegasus es el difícil rastreo del presumible autor de los hechos; ése es precisamente uno de los muros con los que está chocando el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga la infección con el software de origen israelí a los terminales de varios miembros del Gobierno, incluidos el presidente Pedro Sánchez y los titulares de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.
Así, para constatar que el teléfono de Pere Aragonès fue espiado sin aval judicial sería necesaria, por tanto, una atribución específica al CNI. Un extremo que no consta en el informe de veinte páginas de los Mossos d’Esquadra, consultado por este diario.
La investigación con el software Pegasus a varios dirigentes separatistas desató una airada polémica en esferas políticas, toda vez que los líderes catalanes arremetían contra el Gobierno por lo que, según consideraban, era una actuación ilegal. En plena crisis por estos episodios, el Ejecutivo de Pedro Sánchez desveló que varios miembros del Consejo de Ministros, incluido el propio presidente, habían sido víctima de otros ataques mediante el mismo procedimiento.
La presión política acabó con la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, en una maniobra que desde el Ministerio de Defensa calificaron como una mera “sustitución”.
