En plena negociación entre Junts y Pedro Sánchez por las competencias migratorias en Cataluña, un informe jurídico alerta de las diversas consecuencias que podría suponer un traspaso total de la materia, así como de la dudosa viabilidad de esta decisión política. Según destaca el documento, no se ha identificado ningún Estado que haya transferido de forma completa la gestión a entidades “subnacionales”. Por su parte, el Gobierno catalán, dirigido por Salvador Illa, ha anunciado que los Mossos d’Esquadra se incorporarán al control de puertos y aeropuertos a partir del próximo mes de septiembre.
La clave de la negociación política está en el alcance de la cesión de competencias. El entorno de Carles Puigdemont -entiéndanse las filas de Junts- desliza que la gestión migratoria asumida por Cataluña deberá ser absoluta. Y que la estabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez depende, en buena medida, del éxito de las conversaciones bilaterales. Desde Moncloa, no obstante, sostienen que los Mossos d’Esquadra se incorporarán a funciones que actualmente desarrollan Policía Nacional y Guardia Civil.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), anticipándose al escenario planteado por Junts, plantea un informe jurídico donde desarrolla las consecuencias de un hipotético traspaso total. El documento detalla cómo se reparten las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las transferencias, la adecuación de la medida a la Constitución o al Derecho Comunitario.
A renglón seguido incide en los referentes internacionales en el Derecho comparado, tanto en la Unión Europea -Bélgica o Italia-, así como fuera de ella, con Suiza, Canadá o Estados Unidos como referentes. Uno de los casos más cercanos es el de Alemania, constituido como Estado federal y al que el Gobierno alude para justificar el traspaso de competencias a Cataluña.
“Alemania es un Estado federal donde el gobierno federal tiene la competencia exclusiva en materia de inmigración, incluyendo la regulación de la entrada, residencia y expulsión de extranjeros -sostiene el informe jurídico-. Los estados federados (Länder) tienen competencias en áreas como la integración, educación y servicios sociales, que afectan a la población inmigrante, pero deben actuar dentro del marco establecido por el gobierno federal”.
"Cesión de soberanía"
El informe indica que la asunción de competencias en inmigración por parte de los Mossos d'Esquadra podría generar “desafíos” en el control de fronteras: “Expertos en seguridad han señalado que la falta de experiencia inicial en estas funciones podría ser aprovechada por redes de inmigración irregular y organizaciones terroristas. La coordinación efectiva con las fuerzas de seguridad estatales sería esencial para mitigar estos riesgos”.
Asimismo, establece que la transferencia total de estas competencias supondría un conflicto jurídico al tratarse de una cuestión exclusiva del Estado. Y que la gestión de la inmigración está sometida a normativa europea.
A mayor abundamiento, el documento lamenta el “impacto en la cohesión nacional” que supondría una medida de este tipo, especialmente si Cataluña vuelve a estar gobernada por partidos independentistas. El informe jurídico habla, además, de una fragmentación en la política migratoria nacional, ya que otras autonomías podrían requerir el mismo trato que Cataluña.
“El control de la inmigración no es solo una competencia administrativa, sino una atribución esencial de la soberanía nacional -apunta el informe-. Ceder la gestión migratoria a una Comunidad Autónoma equivaldría, en términos prácticos, a una renuncia parcial de la soberanía española sobre el territorio de Cataluña, permitiendo a la Generalitat ejercer funciones que afectan directamente a la configuración demográfica, política y económica del Estado”.
“Por todo lo expuesto, se concluye que la transferencia de la competencia de inmigración a la Comunidad Autónoma de Cataluña es jurídicamente inviable, inconstitucional y contraria a los principios del derecho comunitario e internacional”, concluye el informe elaborado por el SUP, firmado en Barcelona el pasado 6 de febrero.
