Fuerzas Armadas

El infierno de los militares a los 45 años: despedidos y “con un folio en blanco” en su currículo

La Ley de Tropa y Marinería de 2006 les obliga a dejar el ejército a los 45 años, pero ningún curso que hayan realizado tiene homologación en el INEM a la hora de buscar trabajo. Hay 50.000 afectados

María Dolores de Cospedal en la celebración del Día de la Inmaculada del pasado año
María Dolores de Cospedal en la celebración del Día de la Inmaculada del pasado año EFE

El 16 de diciembre de 2017 Juan Egea cumplía 45 años. Su jefe le dijo “eres muy bueno pero mañana no vuelvas”. Hasta el último día estuvo navegando, realizando misiones internacionales con la OTAN. Juan era militar y de un día a otro su vida cambió por completo.

Según la ley de 2006 de Tropa y Marinería, los soldados deben romper filas cuando llegan a la edad de Juan. El problema es que se van con “un folio en blanco”, ya que ninguno de los cursos y certificados que ha realizado en el ejército son homologables en el INEM. “Es formación exclusiva para programas del ministerio de Defensa”, explica Egea. La misma ley dice que “el ministerio de Defensa gestionará y convendrá con instituciones públicas y entidades privadas acciones orientadas a la incorporación laboral de los militares profesionales de tropa y marinería”.

Después de 22 años y medio, Egea entró a formar parte de la vida civil con seis medallas reluciendo en su solapa, alejado de las aguas que le habían visto servir en buques de primera línea.  “La última me enteré de que la habían dado cuando ya había dejado el ejército, cuando se publicó en el boletín de Defensa”, afirma. Es experto en Armas y torpedos. “Fui a darme de alta en la búsqueda de empleo y me hice un currículo con lo que había hecho. Cuando la funcionaria me preguntó que en qué categoría me metía le dije que tenía que empezar de cero. Que con mi experiencia igual serviría para la yihad”, cuenta entre risas.

Con mi experiencia igual serviría para la yihad

Pero no siempre se lo pudo tomar con tanto humor. Los dos meses y medio que estuvo en el paro “fueron complicados, sobre todo mentalmente”. En casa son cinco, dos hijos suyos y otro de su mujer. Con ella en paro, cuando veía que se acercaba la fecha de cumplir los 45 empezó a ahorrar ante la incertidumbre que le generaba su salida de las Fuerzas Armadas.

Su mujer le ayudó a incorporarse a una vida normal que hasta el momento para él había sido ajena. Tuvo que darse de alta por primera vez en paro y sacarse la tarjeta de la seguridad social. Empezó apuntándose a todas las ofertas de empleo que no requerían experiencia ni una alta cualificación. Ahora trabaja de mozo de almacén en unas cámaras frigoríficas en su Cartagena natal. Cobra algo menos que cuando estaba encima de un barco, “pero al menos tengo trabajo”.

Peor es el escenario por el que atraviesa Paco Mena, otro de los 50.000 afectados por esta medida. En septiembre de 2017 se vio “en la puta calle” según sus palabras, en una situación similar a la de Juan: después de 27 años trabajando como administrativo en Madrid para el ejército, se encontró que no podía acreditarlo de ninguna manera. “No puedo competir con gente que tiene la carrera de ADE”, reflexiona. “Conmigo no se ha puesto en contacto nadie”, dice Mena.

Entre abril y julio de 2015 estuvo de misión internacional en Gabón. “Era un héroe para mis hijas. Ahora me levanto por las mañanas y me preguntan si voy a ir a trabajar”. Paco lleva ocho meses en paro. Ha pasado de cobrar 1.500 euros cuando estaba en el ejército del aire a los 618,92 que le corresponden como asignación mensual. Con lo que gana su esposa pueden ir tirando. Además ese dinero que recibe del Estado no tributa y podrá contar con él solamente hasta que cumpla los 65. La pensión que le quedará será resultante de lo que trabaje hasta entonces.

Para acogerte a esta ley de 2006 que estar 18 años de servicio. “Hablamos de gente que ha estado 25 años conduciendo un camión y no puede ir a una empresa porque nadie se lo certifica”, expica el presidente de la asociación 45 Sin Despidos, Jenner López.

Desde la organización llevan desde mediados de febrero de este año denunciando la situación en la que se quedan los militares. López, explica que se han agotado todas la vías porque, “al no estar regulados en el estatuto básico del empleado público, ningún tribunal se declara competente” para solucionar su problema. Por eso empiezan este sábado 28 de abril una serie de movilizaciones que arrancan en Cádiz.

Privatización de servicios

Para López la edad no puede ser una excusa para que los echen del ejército. “Están privatizando los servicios con empresas privadas que contratan a personas que superan los 45 años”, denuncia. Según el portavoz se están llegando a acuerdos con corporaciones de seguridad privada para que vigilen los cuarteles militares. “Nos echan por un lado y contratan a otro por la puerta de atrás. No tiene sentido”.

A nivel político el Congreso de los diputados dio un paso en febrero de este año. Los representantes públicos de Unidos Podemos, el PSOE y Ciudadanos, aprobaron una Proposición No de Ley del partido de Pablo Iglesias para reclamar al Gobierno una moratoria en estos despidos. El Partido Popular no apoyó la medida.

“En mi cuartel las cocinas están cerradas y nos trae la comida un catering, que no es lo mismo porque vienen en termos que a saber cuándo se han calentado”, dice el presidente. Dice que la relación con los contratados es cordial. “Ellos son trabajadores, qué les vas a echar en cara. Ellos mismos te dicen que deberían estar en el metro o en un supermercado, no allí con nosotros”, dice. “¿Por qué no nos ponen a nosotros haciendo esas labores en lugar de echarnos?”, se pregunta.

No quieren estar en primera línea de fuego “que para eso entra gente nueva todos los años”, pero sí reclaman una segunda actividad después de haber estado 18 años formando filas, “como ocurre con guardias civiles y policías", analiza.

Para este militar de 37 años, esta práctica supone “un ERE encubierto. Es privatizar un servicio más. Hemos empezado con la sanidad, hemos continuado con la educación, y ahora estamos con las Fuerzas Armadas”.

Ahorro de 22 millones de euros

Los cálculos de 45 Sin Despidos muestran que estas privatizaciones salen más caras a las arcas públicas. La empresa privada de seguridad, explica López, ofrece 650 efectivos por 40 millones de euros. Si a eso se le suma el paro de los militares despedidos y la asignación mensual de 1.500 reservistas, el monto final asciende a 52 millones. Algo que, si se mantuviesen a los soldados, podría quedar en 30 millones, explica López.

Cuando llegan a los 45 años, los militares firman un acuerdo que los liga a la defensa del Estado durante 22 años más.  “Nos están diciendo que con 46 no somos válidos en tiempo de paz, pero con 64 sí lo somos en tiempo de guerra”, cuenta incrédulo.

En los próximos 15 años se quedarán en esta situación 50.000 personas. Sólo este año en Valladolid se irán a la calle 200 militares. “¿Tiene trabajo para 200 personas el alcalde de esta ciudad?”, se pregunta López.  “Somos los que entramos en el ejército cuando España estaba boyante de trabajo y nadie quería alistarse. Los que nos vamos al paro somos los que estábamos en Yugoslavia, en Mostar, en Kosovo, los que vigilaron las vías en el atentado del 11-M y los que limpiaron las playas de chapapote. Un respeto por favor. Detrás de todos esos uniformes hay 50.000 parejas y 50.000 hipotecas. Esto es un problema de Estado”, se lamenta.

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