El Supremo aboga por excarcelar de inmediato a los presos del 'procés' indultados

Los líderes independentistas que serán indultados este martes por el Ejecutivo lograrán el perdón de las penas que les quedan por cumplir, pero no se librarán de sus inhabilitaciones. El Gobierno de Pedro Sánchez dará luz verde a un indulto parcial para nueve de los doce penados por el Tribunal Supremo abriendo la puerta a su excarcelación, pero la condonación de lo que les resta de condena no tendrá su reflejo en la prohibición que pesa sobre ellos para volver a la política activa ya sea en el ámbito estatal, autonómico o local.

Así lo confirman a Vozpópuli fuentes del Ejecutivo, que este mismo martes aprobará en el Consejo de Ministros los indultos a los nueve condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. A falta de conocer los argumentos esgrimidos por el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez allanaba este lunes el camino al esgrimir motivos políticos y de conveniencia pública. El texto, cocinado al detalle por el Gobierno, será especialmente minucioso con el razonamiento de la medida de gracia, máxime teniendo en cuenta que acabará de nuevo en manos del Tribunal Supremo ante los previsibles recursos que presentarán PP y Vox.

Sin embargo, antes de llegar a ese momento todavía quedan muchos trámites que cumplir. Por un lado, cabe resaltar que el Ejecutivo ha estudiado individualmente cada uno de los nueve expedientes solicitados por el abogado Francesc Jufresa. Por otro, y pese a las diferencias entre los penados, los indultos serán parciales, sobre todo ante la oposición que tanto la Fiscalía como el tribunal sentenciador han mostrado a esta medida. Los magistrados emitieron un duro informe en el que hicieron hincapié en la ausencia de arrepentimiento por parte de todos ellos.

"La excarcelación será inmediata"

La aprobación de esta medida recogida en un ley de 1870 dará paso a su publicación en el Boletín Oficial del Estado y la rúbrica del Rey. Tras ello, los magistrados del tribunal que juzgó a los doce líderes independentistas harán un nuevo cálculo de las penas de prisión, las cuáles oscilaban desde los 13 años de cárcel para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras a los nueve años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Igualmente los magistrados de la Sala de lo Penal también prepararían los autos de excarcelación para aquellos casos en los que el perdón implique el fin automático de la pena impuesta.

Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por este medio explican que el trámite se agilizará lo máximo posible, pero lo cierto es que la diversidad de penas podría dar lugar a escenarios dispares. Las condenas más altas impuestas por el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena fueron para Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Los cuatro exconsejeros catalanes fueron condenados por delito de sedición en concurso medial por malversación ante el gasto público que ocasionó el referéndum del 1-O.

No ocurre lo mismo con los otros cinco exconsejeros de Puigdemont que solo fueron penados con sedición. Al respecto, las fuentes consultadas explican que si se indulta por delitos y no por penas la gestión se complica ligeramente porque ahí sí se tienen que recalcular las penas pero que en los casos en los que se centre en la pena que resta por cumplir, la excarcelación será "inmediata". "Cuestión de minutos", añaden las fuentes. Con todo, a los que no afectará esta medida de gracia será a Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila, quienes ya cumplieron su pena de diez meses de multa por desobediencia.

"Concordia y reconciliación"

Con todo, a todos los cargos políticos se les impuso una inhabilitación especial por el mismo tiempo que durase sus condenas, de manera que tendrían prohibido ejercer cargos públicos o funciones de Gobierno en un momento en que Cataluña inicia una nueva era bajo la presidencia del coordinador nacional de ERC, Pere Aragonés. No obstante, la medida permitirá al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos sujetar a sus socios de investidura en el Congreso y agotar la legislatura.

Pero el relato político de los indultos que Sánchez presentó este lunes en el Teatro del Liceo no ha sido el de su supervivencia en La Moncloa, sino el de un gesto político magnánimo de “concordia y reconciliación”. El objetivo, dijo, es abrir una nueva etapa política en Cataluña que cierre las heridas del golpe separatista del 2017. Sánchez trazó un paralelismo entre el espíritu de la Constitución de 1978 y la situación en Cataluña, como si entonces y ahora hubiera que reconciliar a dos bandos enfrentados.

Además, subrayó que el indulto "ni cuestiona ni revoca la sentencia firme condenatoria". "Simplemente se trata de otro plano, ya no el judicial". “Eso es lo que el Gobierno de España ha decidido, afrontar el problema, buscar la concordia. Por eso mañana (martes), pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés que están en prisión", aseguró en el acto del Liceo.

Escaso margen de éxito de los recursos

Sánchez reclamó a los partidos que se oponen que, al menos, "reconozcan la constitucionalidad" de esta medida, en una clara alusión al PP. El jefe del Ejecutivo admitió que no espera del separatismo que renuncie a su “ideal” de independencia. De hecho, reconoció que en democracia “caben multitud de proyectos”. Pero también advirtió que "no hay caminos fuera de la ley". "Ningún propósito es legítimo si atropella a una parte de la sociedad", señaló.

Precisamente la Ley permite que esta medida de gracia que concede el Ejecutivo pueda recurrirse ante el Supremo. Tanto Vox -que litigó en la causa como acusación popular- como el PP han anunciado que los llevarán ante la Sala Tercera del alto tribunal. Aunque algunos recursos prosperan, no es habitual que la Justicia los acabe tumbando ya que se trata de un asunto más de forma que de fondo. Esto es, los magistrados se ciñen a estudiar si algún trámite no se ha cumplido correctamente o si existen defectos de motivación. Si no concurren esas circunstancias, la Sala de lo Contencioso los mantiene conforme los ha aprobado el Ejecutivo.