La Fiscalía ha solicitado al juez de instrucción que impute al tesorero y a la gerente de Podemos, Daniel de Frutos y Rocío Ester del Val, en el conocido 'caso niñera', y se opone a que el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sea llamado como investigado.

El magistrado José María Escribano acordó en abril incoar diligencias previas contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por, presuntamente, haber usado a una asesora del Ministerio, Teresa Arévalo, como niñera de sus hijos.

En el documento, al que ha tenido acceso 'Vozpópuli', la Fiscalía Provincial de Madrid se dirige al Juzgado de Instrucción número 46 de la capital para recordar los hechos anteriores que han impulsado esta petición.

"Los hechos se circunscriben exclusivamente a la posible existencia de delito electoral o administración desleal por el uso como niñera de Teresa Arévalo", señala el escrito.

El documento afirma que debe comprobarse si esto ha ocurrido y si se ha realizado "a cuenta de fondos del partido por parte de Irene Montero".

Se "opone" a investigar a Iglesias

En relación a la petición del 2 de junio en la que se solicitaba la citación como investigado de Pablo Iglesias, el escrito afirma que solo puede "oponerse".

"No existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación de Iglesias en un hecho delictivo", añade.

La Fiscalía solicita en un informe fechado el 25 de junio la imputación de ambos dado que tanto en el caso del delito electoral como en el de administración desleal.

Precisamente la semana que viene, el miércoles 14 de julio, declara en calidad de investigada ante el juez la asesora, de la que se ha requerido su historial penal.

Como testigos, ha llamando para el día 19 de ese mismo mes a la gerente, al tesorero y al responsable de seguridad de Podemos, Rocío Esther Val, Daniel de Frutos y Víctor Martins, respectivamente.

Delito electoral y administración desleal

La Fiscalía solicita en un informe fechado el 25 de junio la imputación de ambos dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal, ellos "fueron los que ordenaron el pago y por lo tanto, y, en su garantía deben ser oídos como investigados". Fija la comparecencia para el 14 de julio.