El escritor Ildefonso Falcones ha endosado a su hermano Rafael, fallecido en 2019, la responsabilidad de la estructura societaria con que la Fiscalía le acusa de defraudar 745.000 euros a Hacienda, entramado que asegura no ha podido "desmontar" debido a la pandemia y a sus problemas de salud.

Falcones ha declarado este viernes en el juicio que el juzgado de lo penal número 25 de Barcelona celebra contra él y su esposa, a quienes la Fiscalía acusa de defraudar 744.213 euros a Hacienda entre los años 2009 y 2010, de los beneficios obtenidos por sus obras -entre ellas, la superventas "La Catedral del Mar".

La Fiscalía, que inicialmente pedía 9 años de cárcel para Falcones y su esposa, ha rebajado su petición a seis años en el caso del escritor -por dos delitos contra la Hacienda pública- y a tres en el de su mujer, a los que reclama que devuelvan la cuota defraudada y multas que suman 2,2 millones.

El ministerio público sostiene que el matrimonio transmitió los derechos de autor de sus obras a un entramado de sociedades radicadas fuera de España -algunas con sede en paraísos fiscales- de las que estaban formalmente desvinculadas dado que la titularidad la ostentaba el hermano del escritor, que también estuvo investigado en esta causa hasta que murió, en 2019.

80% de los derechos económicos

El autor superventas, que es abogado especializado en Derecho mercantil y civil, se ha desmarcado de las sociedades radicadas en el extranjero -hasta el punto de asegurar que desconocía que era titular de una de ellas- y ha atribuido a su hermano el entramado empresarial que gestionaba las ganancias de sus obras.

El origen de esa transmisión es un contrato que el escritor firmó en 2004 con la empresa Bufete Falcones -participado por él y su esposa- para ceder todos los derechos económicos sobre "La Catedral del Mar", en ese momento denominada aún "El Bastaix", por un importe de 3.000 euros.

Según la Fiscalía, dicha sociedad transmitió a su vez el 80% de los derechos económicos sobre "La Catedral del Mar" a una empresa dominicana que canalizaba los cobros de los rendimientos dirigidos a la mercantil irlandesa Kurmon Limited, dirigida por el hermano de Falcones.

En 2006, esta empresa firmó un contrato con Ildefonso Falcones para encargarle la elaboración de diez obras literarias, por las que el escritor percibiría una retribución anual de 36.000 euros, mientras que la mercantil se quedaba el 80% de los derechos económicos de las obras, el 70% de los cuales vendió supuestamente a la sociedad dominicana, según ministerio público.

De acuerdo con la versión de Falcones, el motivo de ese contrato es que tenía necesidades económicas por una deuda con Hacienda y su hermano accedió a pagarle 3.000 euros mensuales para confeccionar diez obras literarias a través de un sociedad suya que se quedaba con el 80% de los derechos económicos sobre las mismas.

"Mi hermano me dijo: te pagaré lo que tengas de Hacienda, a ver qué tienes", ha sostenido el escritor, tras recordar que en ese momento tenía el despacho de abogados en el que trabajaba, "cuatro hijos a quien mantener, un libro que puede ser que publique y la voluntad y ganas de seguir escribiendo". Las posteriores transmisiones de derechos, según su versión, fueron decisión de su hermano, al que solo pidió en 2012 que repatriara unos fondos en el extranjero para acogerse a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno.

"¿Ha estado permitiendo toda esa estructura de derechos a través de sociedades sin denunciar a su hermano por estar agradecido?", le ha preguntado el fiscal, a lo que Falcones ha respondido que cuando necesitó ayuda la única persona que se la prestó fue el fallecido: "lo único que hice fue cumplir mi palabra con mi hermano, hasta el final".

El escritor ha afirmado que incluso desconoce si es titular de la casa en el barrio de Tres Torres de Barcelona en la que reside con su familia, que según la Fiscalía fue comprada en 2011 por una de las sociedades del entramado por 1,9 millones de euros y después arrendada al Bufete Falcones, que cedió su disfrute a su esposa.

De hecho, el autor, que está siendo investigado por un presunto fraude fiscal similar relativo a los ejercicios de 2013 y 2014, ha aclarado que sigue pagando el alquiler a esa sociedad y que no ha tenido posibilidad de "desmontar" ese entramado pese a que dio instrucciones a su gestor para ello.

Y eso se debe, aduce el acusado, al confinamiento impuesto por la pandemia y a sus problemas de salud: "en octubre de 2020 me quitan medio hígado, en marzo me quitan medio pulmón, después viene la covid-19 y después otro medio pulmón".

El autor ha afirmado que no ha podido "meter un dedo" en dicho entramado, por lo que ignora si hay deudas pendientes. "Señor fiscal, no tengo ni idea", ha espetado en un interrogatorio con momentos de tensión entre ambos. Su esposa, por su parte, ha alegado que era su marido el que se ocupaba de las cuestiones económicas y que siempre confió en él y en su hermano Rafael porque "no son delincuentes y no iban a hacer nada mal".