España

Iglesias, en manos de Dolores Delgado

El Congreso deberá pronunciarse sobre el posible juicio al vicepresidente y el PSOE tendrá un papel clave, al ser el grupo con mayor representación

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado saluda al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado saluda al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas. Europa Press

El juez del caso Dina ha solicitado este miércoles al Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por denuncia falsa o simulación de delito, revelación de secretos "con agravante de género" y delitos de daños informáticos cometidos en el caso Dinasegún han informado fuentes jurídicas a Vozpópuli

El procedimiento por el que el vicepresidente Iglesias podría ser juzgado debe pasar por la fiscalía, presidida por Dolores Delgado, y llegar hasta el Congreso de los Diputados donde los grupos se tendrían que posicionar acerca de la decisión de juzgar al líder morado. 

El primer paso será la exposición razonada que llegará a la Sala de admisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Una vez se reciba se dará traslado a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre si procede a admisión a tramite o no. Allí quedará en manos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que deberá pronunciarse.

Aunque según informó el teniente fiscal Navajas, todas las causas que afecten al Gobierno, Delgado se apartaría y el caso quedaría en manos del segundo, el propio fiscal Navajas. 

Si el procedimiento llega a Navajas antes de jubilarse, le restan poco más de dos meses, tendría que tomar la decisión de si hay que investigar a Iglesias, aunque esta decisión no es vinculante, por lo que la sala penal puede adoptar una decisión contraria a la de la Fiscalía.

No obstante, el fiscal general del Estado tiene competencias para asignar el caso a quien considere oportuno.

La fiscalía anticorrupción podría remitir el estudio de la causa a la Fiscalía anticorrupción, que es la que hasta el momento ha investido la causa. En este caso, los fiscales han venido sosteniendo que no se podría investigar por daños informáticos o revelación de secretos, puesto que la víctima se tiene que sentir ofendida, algo que siempre ha negado Bouselham.

El PSOE deberá aprobar el suplicatorio

En caso de que la Fiscalía motive al tribunal Supremo razones suficientes para abrir una causa, lo primero que debe hacer el Alto tribunal es nombrar a un juez instructor. Este podría citar al vicepresidente Iglesias a declarar sin necesidad de solicitar un suplicatorio al Supremo.

Este suplicatorio, una petición para poder juzgar a un diputado, habría que solicitarlo al Congreso en el caso de que sea necesario procesarle, paso previo al juicio. En este caso, el Congreso tendría que tramitar ese suplicatorio a través de una votación del hemiciclo. 

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar una vez que llegue a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

El primer paso es la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso. A partir de ahí, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, tendrá cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.

Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia a los afectados, bien sea en persona o por escrito, para que puedan presentar sus alegaciones en el plazo de diez días. Una vez concluya su tarea, las comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tiene un papel clave. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

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