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España

Juzgan a un hombre por la sistemática humillación a un guardia civil asesinado por ETA

El acusado presuntamente se dedicó, "hasta en diecisiete ocasiones" a retirar y destrozar "los elementos de homenaje" colocados en memoria de Juan Manuel Piñuel

Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional juzga el miércoles a un hombre acusado de "sistemáticos actos de humillación" a la memoria del guardia civil Juan Manuel Piñuel, asesinado por ETA en 2008 en Legutiano (Álava), hechos por los que se enfrenta a 1 año de cárcel y al pago de 3.000 euros a su familia por daños morales.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía relata que desde que se produjo el atentado en el que falleció Piñuel, a causa de la explosión de una furgoneta bomba cargada con 200 kilos de amonal frente al cuartel de Legutiano, familiares y amigos de este agente depositan recuerdos y elementos de homenaje en una valla metálica del recinto.

Fotografías, flores, pebeteros, poemas o velas, han ido siendo colocados en ese lugar a lo largo de estos años para reivindicar su memoria como víctima de ETA. Así, hasta que, desde febrero de 2017 a septiembre de 2018, el acusado, A.R.R., presuntamente se dedicó, "hasta en diecisiete ocasiones", a retirar y destrozar "los elementos de homenaje" colocados en memoria de Piñuel, que cuando murió tenía 41 años, estaba casado y tenía un hijo menor de edad.

En su lugar, el acusado, según el fiscal, realizó pintadas contra la Guardia Civil y colocó pancartas en las que enaltecía a la organización terrorista ETA con lemas como "Jo ETA Ke" (seguir sin descanso) o "Alde Hemendik", (fuera de aquí), propios "de la campaña de hostigamiento a las Fuerzas del Orden en el País Vasco".

"Todo ello -prosigue el escrito- con menosprecio y causando profundo dolor en quienes, además de sufrir la pérdida, (...), han tenido que soportar estos actos de iniquidad que ni siquiera les permiten honrar en paz a sus deudos, viendo cómo ni siquiera eran respetados los símbolos de homenaje y recuerdo, aumentando de forma cruel, por el acusado, aún más, si cabe, el padecimiento sufrido".

Por todo ello, la Fiscalía, además de la pena de prisión y el pago de una indemnización a la familia por los daños morales, solicita también una pena de inhabilitación especial de 7 años para profesión u oficio educativos, así como una multa de algo más de 1.000 euros.

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