Los huérfanos de víctimas de violencia de género cobrarán una ayuda de 600 euros

Todos los hijos de víctimas de maltrato machista y de madres asesinadas por cualquier otro tipo de violencia contra la mujer tendrán derecho a una pensión de orfandad de unos 600 euros después de que el Pleno del Congreso haya dado el visto bueno a la proposición de ley que mejora estas ayudas.

Los 335 diputados presentes en la Cámara han emitido 334 votos a favor y uno en contra del texto que ha llegado del Senado.

De las cuatro enmiendas del PP que había incorporado la Cámara Alta, sólo se ha rechazado -con 200 votos en contra y 135 a favor- la que incluía como beneficiarios de esas prestaciones a los hijos de funcionarias de clases pasivas, es decir, aquellas que se mantienen en ese régimen desde antes de 2011.

Las ayudas eran de 140 euros

Unas mejoras que supondrán una prestación mínima de unos 600 euros -ahora son 140- para los hijos de víctimas que no hubieran cotizado o no cumplieran los requisitos mínimos -500 días en los últimos 5 años-.

Y para los huérfanos que sí las perciben, se les aumenta del 52 al 70 % el cálculo de la base reguladora de las madres -y al 118 % si hay más de un beneficiario-, con lo que se asegura que reciban ese mínimo de 600 euros al mes.

Estas pensiones tendrán un efecto retroactivo desde 2004, cuando se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género, aunque en el texto no se ha incluido que se concedan estas ayudas a otros huérfanos absolutos -cuando el menor se queda sin padre y madre- por cualquier otra circunstancia, como han reclamado varios partidos. 

En el texto se incluye que el Gobierno realice en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta modificación en la ley un estudio para analizar otros casos de orfandad absoluta, como en accidentes de tráfico, para que reciban prestaciones de idénticas cantidades.

Quién tiene derecho a las pensiones

Tendrán derecho a las pensiones que hoy se aprueban los hijos de las víctimas que en el momento de la muerte sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo, aunque se podrán mantener hasta los 25 años cuando estén estudiando o no tengan recursos.